La Ley de lucha contra la corrupción que se debate en su fase final en la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará a todas aquellas personas que hayan defraudado al Estado y acumulado fortunas de origen ilícito a costa del patrimonio del pueblo, manifestó el jueves la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo.
La mencionada Ley denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz, en homenaje al desaparecido líder del Partido Socialista Uno (PS-1), quien fue un paladín en la lucha contra delitos que afecten al Estado, se debate en su fase final en la Asamblea Legislativa.
Suxo anotó que el proyecto de Ley fue presentado al Congreso el 2 de agosto de 2006, es decir hace más de tres años y medio, y tras ser aprobada en la Cámara de Diputados pasó al Senado donde fue archivada por la posición obstaculizadora de la bancada opositora, algunos de cuyos miembros son serios candidatos a ser sometidos al rigor de esta Ley.
La Ministra manifestó que, tras el inicio de sesiones de la Asamblea Legislativa, la Ley ha sido activada otra vez en el Senado que ya la aprobó en grande la noche del miércoles y es probable que esta semana sea sancionada.
Desestimó versiones en sentido de que sea una Ley inquisitorial o draconiana para sancionar a todas las personas, sin importar el origen de sus fortunas. "Serán procesadas todas las personas sobre las que existan por lo menos indicios de haber acumulado millonarias sumas a costas del patrimonio estatal", dijo.
Agregó que entre los acusados podrían estar personas naturales o jurídicas que hayan "provocado daños a la economía estatal mediante la corrupción o incumplimiento de contratos".
Precisamente el parágrafo IV del artículo 4 del proyecto establece que la Ley se aplicará a "personas privadas, naturales o jurídicas y a todas aquellas que no siendo servidores públicos cometan delitos de corrupción o causen daño económico al Estado o se beneficien indebidamente con sus recursos".
Otro de los artículos enfatiza que quien mediante actividad privada incremente desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos afectando el patrimonio del Estado sin demostrar licitud será procesado y sus bienes incautados.
Suxo anotó que el Estado no ha sabido defenderse en el pasado inmediato de esas acciones ilegales, por lo que se incorporarán decisiones legales para que sea la justicia la que los procese,
Desmintió que el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, cuyas cabezas serán los Ministerios de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y de Gobierno, sean los ejecutores de los procesos, una vez que serán exclusivamente encargados de elaborar políticas para implementar las leyes, pero en ningún caso ejecutarlas.
Suxo dijo que con la vigencia de la Ley anticorrupción se hará justicia con los bolivianos y sus recursos porque no solamente se quedará en las puniciones a los responsables, sino que se crearán mecanismos de recuperación de los bienes del Estado.
"Una vez producidas las denuncias con la presentación de los correspondientes indicios, porque muy pocas veces la corrupción deja pruebas contundentes, se procederá a la incautación de los bienes para evitar su desaparición o pasados dolosamente a propiedad de terceros", dijo.
Advirtió que la Ley también establece sanciones para las personas que presten su nombre para blanquear los bienes de los acusados.
Agregó que si es que los encausados demuestran su inocencia, esos bienes se les serán devueltos.
"Debe acabar la impunidad para aquellos funcionarios que se valieron del Estado para acumular jugosas fortunas", dijo Suxo, al anotar que en muchos casos los involucrados se han valido hasta de fallos judiciales irregulares.
Otro de los asuntos mencionados por la Ministra es la posición asumida por la mayoría de los acusados que optaron por huir al exterior antes que presentarse ante la justicia para responder por los cargos que pesan en su contra, por ejemplo los casos de los ex prefectos de los departamentos de Cochabamba y de La Paz, Manfred Reyes Villa y Luis Alberto Valle, respectivamente.
En el caso de Reyes Villa, quien fue candidato Presidencial del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) en las elecciones de diciembre de 2009, existen varios cargos en su contra por haber provocado un daño económico al Estado cuando se desempeñaba como Alcalde de la ciudad del Tunari y prefecto de Cochabamba.
La Ministra aseveró que los imputados deberían optar por defenderse en Bolivia de las acusaciones para demostrar su inocencia, si es que la demuestran, de lo contrario serán procesados en ausencia con la presencia de un abogado de oficio que le otorgará el Estado.
La Ley aprobada en grande en el Senado enfatiza que los procesados pueden responder en libertad, bajo arresto domiciliario o encarcelados, una vez que el juez evalúe si no existe un peligro de fuga o de obstrucción de la justicia.
Suxo anotó que se han clasificado en tres grupos los delitos de corrupción: Los leves, con condenas de 1 a 4 años a los que incurrieron en el uso indebido de bienes del Estado; los medianos con encarcelamiento de 3 a 8 años por malversación; y los graves, de 5 a 10 años para los culpables de prevaricato, contratos dolosos y delitos transnacionales.
Explicó que los delitos transnacionales se refieren a aquellos que comprometieron los bienes del Estado a intereses extranjeros.
Suxo manifestó que los delitos de corrupción no prescriben, por lo que la aplicación de la Ley será retroactiva y sin beneficiar a nadie con el caso de Corte, si es que hubieran ocupado altos cargos en la Administración.
Suxo reveló que hasta 2006 ninguno de los sospechosos de haber incurrido en delitos de corrupción contra el Estado fueron declarados culpables.
Dijo que, desde la asunción al poder del presidente Evo Morales Ayma, se sucedieron varios casos de funcionarios del Estado acusados de corrupción que son procesados, entre ellos el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, algunos alcaldes por beneficiarse con dolo de recursos estatales y otros.
La mencionada Ley denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz, en homenaje al desaparecido líder del Partido Socialista Uno (PS-1), quien fue un paladín en la lucha contra delitos que afecten al Estado, se debate en su fase final en la Asamblea Legislativa.
Suxo anotó que el proyecto de Ley fue presentado al Congreso el 2 de agosto de 2006, es decir hace más de tres años y medio, y tras ser aprobada en la Cámara de Diputados pasó al Senado donde fue archivada por la posición obstaculizadora de la bancada opositora, algunos de cuyos miembros son serios candidatos a ser sometidos al rigor de esta Ley.
La Ministra manifestó que, tras el inicio de sesiones de la Asamblea Legislativa, la Ley ha sido activada otra vez en el Senado que ya la aprobó en grande la noche del miércoles y es probable que esta semana sea sancionada.
Desestimó versiones en sentido de que sea una Ley inquisitorial o draconiana para sancionar a todas las personas, sin importar el origen de sus fortunas. "Serán procesadas todas las personas sobre las que existan por lo menos indicios de haber acumulado millonarias sumas a costas del patrimonio estatal", dijo.
Agregó que entre los acusados podrían estar personas naturales o jurídicas que hayan "provocado daños a la economía estatal mediante la corrupción o incumplimiento de contratos".
Precisamente el parágrafo IV del artículo 4 del proyecto establece que la Ley se aplicará a "personas privadas, naturales o jurídicas y a todas aquellas que no siendo servidores públicos cometan delitos de corrupción o causen daño económico al Estado o se beneficien indebidamente con sus recursos".
Otro de los artículos enfatiza que quien mediante actividad privada incremente desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos afectando el patrimonio del Estado sin demostrar licitud será procesado y sus bienes incautados.
Suxo anotó que el Estado no ha sabido defenderse en el pasado inmediato de esas acciones ilegales, por lo que se incorporarán decisiones legales para que sea la justicia la que los procese,
Desmintió que el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, cuyas cabezas serán los Ministerios de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y de Gobierno, sean los ejecutores de los procesos, una vez que serán exclusivamente encargados de elaborar políticas para implementar las leyes, pero en ningún caso ejecutarlas.
Suxo dijo que con la vigencia de la Ley anticorrupción se hará justicia con los bolivianos y sus recursos porque no solamente se quedará en las puniciones a los responsables, sino que se crearán mecanismos de recuperación de los bienes del Estado.
"Una vez producidas las denuncias con la presentación de los correspondientes indicios, porque muy pocas veces la corrupción deja pruebas contundentes, se procederá a la incautación de los bienes para evitar su desaparición o pasados dolosamente a propiedad de terceros", dijo.
Advirtió que la Ley también establece sanciones para las personas que presten su nombre para blanquear los bienes de los acusados.
Agregó que si es que los encausados demuestran su inocencia, esos bienes se les serán devueltos.
"Debe acabar la impunidad para aquellos funcionarios que se valieron del Estado para acumular jugosas fortunas", dijo Suxo, al anotar que en muchos casos los involucrados se han valido hasta de fallos judiciales irregulares.
Otro de los asuntos mencionados por la Ministra es la posición asumida por la mayoría de los acusados que optaron por huir al exterior antes que presentarse ante la justicia para responder por los cargos que pesan en su contra, por ejemplo los casos de los ex prefectos de los departamentos de Cochabamba y de La Paz, Manfred Reyes Villa y Luis Alberto Valle, respectivamente.
En el caso de Reyes Villa, quien fue candidato Presidencial del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) en las elecciones de diciembre de 2009, existen varios cargos en su contra por haber provocado un daño económico al Estado cuando se desempeñaba como Alcalde de la ciudad del Tunari y prefecto de Cochabamba.
La Ministra aseveró que los imputados deberían optar por defenderse en Bolivia de las acusaciones para demostrar su inocencia, si es que la demuestran, de lo contrario serán procesados en ausencia con la presencia de un abogado de oficio que le otorgará el Estado.
La Ley aprobada en grande en el Senado enfatiza que los procesados pueden responder en libertad, bajo arresto domiciliario o encarcelados, una vez que el juez evalúe si no existe un peligro de fuga o de obstrucción de la justicia.
Suxo anotó que se han clasificado en tres grupos los delitos de corrupción: Los leves, con condenas de 1 a 4 años a los que incurrieron en el uso indebido de bienes del Estado; los medianos con encarcelamiento de 3 a 8 años por malversación; y los graves, de 5 a 10 años para los culpables de prevaricato, contratos dolosos y delitos transnacionales.
Explicó que los delitos transnacionales se refieren a aquellos que comprometieron los bienes del Estado a intereses extranjeros.
Suxo manifestó que los delitos de corrupción no prescriben, por lo que la aplicación de la Ley será retroactiva y sin beneficiar a nadie con el caso de Corte, si es que hubieran ocupado altos cargos en la Administración.
Suxo reveló que hasta 2006 ninguno de los sospechosos de haber incurrido en delitos de corrupción contra el Estado fueron declarados culpables.
Dijo que, desde la asunción al poder del presidente Evo Morales Ayma, se sucedieron varios casos de funcionarios del Estado acusados de corrupción que son procesados, entre ellos el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, algunos alcaldes por beneficiarse con dolo de recursos estatales y otros.
