La Cámara de Senadores, después de varias horas de intenso debate, aprobó la tarde de este miércoles el proyecto de Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, denominada “Marcelo Quiroga Santa Cruz” en homenaje al extinto fundador del Partido Socialista.
La norma, que incluye 39 artículos, establece los procedimientos destinados a prevenir, investigar, procesar, sancionar y recuperar el patrimonio del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes, así como los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos.
También señala el principio de imprescriptibilidad, es decir, la no extinción de los derechos y acciones que tiene el Estado, por el transcurso del tiempo, en los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Además la ley desconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno.
En diálogo con periodistas, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que la nueva norma será un garrote para castigar a ex y actuales autoridades comprometidas en hechos de corrupción.
En 2006, la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas fue aprobada en primera instancia en la Cámara de Diputados, donde el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) tenía una mayoría parlamentaria.
Sin embargo, cuando el proyecto pasó al Senado, instancia legislativa que estaba controlada por la opositora agrupación ciudadana Poder Democrático Social (Podemos), quedó postergado en su tratamiento.
Es una ley drástica que ataca de raíz la corrupción, precisó el vicepresidente García Linera al referirse a la norma que establece la investigación de fortunas mal habidas, sobre todo por funcionarios públicos.
La actual norma, indicó el mandatario, cuestionada por una oposición encubridora, mantendrá su carácter de retroactividad, es decir, que podrán ser juzgadas ex autoridades nacionales y departamentales.
La norma de lucha contra la corrupción pasará a la Cámara de Diputados para su revisión y posterior sanción como ley del Estado.
La norma, que incluye 39 artículos, establece los procedimientos destinados a prevenir, investigar, procesar, sancionar y recuperar el patrimonio del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes, así como los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos.
También señala el principio de imprescriptibilidad, es decir, la no extinción de los derechos y acciones que tiene el Estado, por el transcurso del tiempo, en los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Además la ley desconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno.
En diálogo con periodistas, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que la nueva norma será un garrote para castigar a ex y actuales autoridades comprometidas en hechos de corrupción.
En 2006, la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas fue aprobada en primera instancia en la Cámara de Diputados, donde el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) tenía una mayoría parlamentaria.
Sin embargo, cuando el proyecto pasó al Senado, instancia legislativa que estaba controlada por la opositora agrupación ciudadana Poder Democrático Social (Podemos), quedó postergado en su tratamiento.
Es una ley drástica que ataca de raíz la corrupción, precisó el vicepresidente García Linera al referirse a la norma que establece la investigación de fortunas mal habidas, sobre todo por funcionarios públicos.
La actual norma, indicó el mandatario, cuestionada por una oposición encubridora, mantendrá su carácter de retroactividad, es decir, que podrán ser juzgadas ex autoridades nacionales y departamentales.
La norma de lucha contra la corrupción pasará a la Cámara de Diputados para su revisión y posterior sanción como ley del Estado.
