La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sugirió una investigación administrativa o una investigación penal para confirmar si hubo uso indebido de la fuerza en las llamadas ‘ejecuciones extrajudiciales’ a propósito de la muerte de Eduardo Rózsa, presunto cabecilla de un grupo subversivo y dos de sus acompañantes en el hotel Las Américas, el 16 de abril del año pasado en Santa Cruz.

La sugerencia está contenida en el inciso D del informe anual presentado este miércoles por el representante en Bolivia de ese organismo internacional, Denis Racicot, en el que se refiere a un avance en Bolivia en la temática de Derechos Humanos, pero en el que lanza varias observaciones sobre la politización de la justicia, las persecuciones políticas a opositores y puntualmente en el caso Rózsa el tema del lugar donde se realiza el juicio, en La Paz, lejos de donde supuestamente ocurrieron los hechos, Santa Cruz.

Ayer, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, felicitó a la ONU por sus observaciones y anunció que le está enviando una carta reconociendo esa labor, a tiempo de pedir al Gobierno que tenga la voluntad política de realizar una investigación imparcial sobre el caso Rózsa, respetando la jurisdicción cruceña y que aclare por qué ignoran al jefe de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) Wálter Andrade, el agente de inteligencia Luis Clavijo, los pilotos venezolanos y otros.
Señaló que el Gobierno debe aclarar por qué mataron a Rózsa pudiendo haberlo capturado vivo para que éste diga quiénes eran sus cómplices y acabar de una vez con la telenovela con la que se amedrenta a un pueblo.
En el tema de la jurisdicción de la investigación el informe de la ONU señala que el decreto del presidente Evo Morales para que  caso se ventile en La Paz ‘violaría el principio de reserva legal’.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, explica que la reserva legal en un país establece que un decreto no puede estar por encima de leyes como el de Procedimiento Penal que establecen claramente que un caso debe ser investigado en el lugar donde se cometió, la residencia de los imputados o donde se pueden encontrar las pruebas.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, de visita en Santa Cruz, dijo ayer que ‘el tema de la jurisdicción es un tema superado y fue definido por autoridades competentes y no por el Presidente de la República.
La ministra de la Corte Suprema, Beatriz Sandóval, confirmó que se están violando los principios de competencia territorial.
Por su parte Racicot, en una entrevista a la red ATB, ayer recomendó a las autoridades del gobierno y los administradores de justicia que se respeten los debidos procesos en el país, más aún cuando los bolivianos conviven con una justicia debilitada y politizada y sugirió se encaminen acorde a las normas en vigencia y los tratados internacionales procesos como el caso del supuesto grupo terrorista de Eduardo Rózsa Flores. ED/Agencias
Respaldan y minimizan el informe
LUIS NÚÑEZ
Presidente del Comité pro Santa Cruz


El informe  coincide en destacar lo que permanentemente hemos venido denunciando que todo esto es un complot del Gobierno contra Santa Cruz y que en lo que hubo en el hotel Las Américas fue una ejecución y que el caso debe radicar aquí.
BEATRIZ SANDÓVAL
Ministra de la Corte Suprema


Estoy de acuerdo con el informe de la ONU, se están violando los principios de competencia territorial llevándose a todos los detenidos a La Paz. Aquí a la Suprema, los miembros del Poder Ejecutivo entran todos los días como si estuvieran en su casa.
SACHA LLORENTI
Ministro de Gobierno


El informe de la ONU es claro cuando dice que hubo una mejoría general en el 2009 en relación al 2008 y en cuanto al tema de la jurisdicción (en el caso Rózsa) ese es un tema superado, el caso va a permanecer en La Paz.
Informe textual
Ejecuciones extrajudiciales
(...) La Fiscalía señaló que las tres muertes ocurrieron en un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, algunos sectores de oposición cuestionaron la actuación de la fuerza especial de la Policía durante el operativo, así como la investigación conducida por la Fiscalía. En particular, señalaron
que las tres muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Si se confirma el uso indebido de la fuerza durante el operativo, los presuntos responsables deben ser sometidos a una investigación administrativa y, de ser necesario, a una investigación penal.


Jurisdicción cruceña
El tema sobre si el distrito judicial de Santa Cruz o el de La Paz tenían competencia territorial sobre la investigación fue intensamente debatido por todas las partes concernidas. El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 138 para establecer en la ciudad de La Paz la jurisdicción para el juzgamiento de casos de terrorismo, sedición y alzamientos armados contra la seguridad y
soberanía del Estado. Este decreto generó una fuerte crítica. La oficina en Bolivia considera que el  decreto violaría el principio de reserva legal al regular materia de procedimiento penal.  El 29 de abril el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación solicitó al Gobierno boliviano y a los otros gobiernos de los ciudadanos  involucrados en la supuesta
conspiración, investigar a fondo el incidente y garantizar que los autores respondan por los delitos cometidos.