El portavoz de la Presidencia, Iván Canelas, rechazó tajantemente el pedido de algunos dirigentes cívicos de Santa Cruz para que el Gobierno dicte una amnistía para los involucrados con el caso terrorismo, porque consideró que ese es un delito de traición a la patria y merece las máximas sanciones establecidas en las leyes.
En una conferencia de prensa ofrecida en el Palacio Quemado, Canelas recordó que la investigación que lleva adelante el Ministerio Público indaga sobre los alcances de la acción de un grupo terrorista que se afincó en Santa Cruz con afanes separatistas y de generar violencia extrema.
"Nosotros obviamente rechazamos, nos parece una solicitud de interés, de protección a quienes han estado involucrados en esta traición a la patria", remarcó al recordar que los sospechosos están acusados de traer mercenarios a Bolivia y de financiar sus actividades.
Según publicaciones de prensa, el ex diputado Alejandro Colanzi, el ex dirigente cívico Nino Gandarillas y el laico José Tuero presentaron un proyecto de decreto supremo para que el presidente Evo Morales dicté amnistía para los involucrados con el grupo irregular de Eduardo Rozsa Flores y con la realización de los referendos autonómicos que se realizaron en Pando, Santa Cruz, Tarija y Beni.
El Portavoz Presidencial preguntó a los periodistas que indagaban sobre la posición del Gobierno, cómo se podría actuar con la gente que ha contratado mercenarios para generar violencia, los ha financiado, les ha pagado dinero, les ha conseguido armamento.
"Esa gente que ha venido a Bolivia y se ha alojado en Santa Cruz particularmente iba a generar un proceso de violencia extrema en Bolivia, con muertos, asesinatos, atentados terroristas. A esa gente alguien los ha traído, a esa gente les han pagado, a toda esa gente les han financiado las armas, las municiones. El fin último era separa a Santa Cruz del territorio boliviano, esa es una traición a la patria", argumentó.
Con esos antecedentes, preguntó cómo se puede pedir amnistía para esa gente, aseguró que esa petición no tiene "pies ni cabeza" y recomendó que la gente involucrada con esos hechos se someta a la justicia boliviana.
"No se puede en definitiva amnistiar a alguien que ha querido generar un enorme proceso de violencia en el país, con muertos por supuesto y a alguien que ha querido separar parte del territorio boliviano del resto del país", sentenció.
Canelas dijo que no se puede permitir que haya gente que traiga delincuentes para generar violencia y "todavía los perdonemos".
"Para nada ellos tiene que someterse a la justicia boliviana y será la justicia boliviana la que emita un veredicto de que si son inocentes o son responsables", subrayó.
En abril del año pasado la policía desbarató un grupo terrorista en la ciudad de Santa Cruz y abatió en un enfrentamiento al húngaro-boliviano, Eduardo Rozsa Flores, al rumano Mayarohi Aryak y al irlandés Duayer Maikol Martins, además apresó al boliviano Mario Tadic y al húngaro Elod Tóasó.
Las investigaciones posteriores establecieron que lo sicarios fueron contratados en Europa y tenían intenciones secesionistas además de planear varios atentados terroristas, entre ellos un magnicidio en contra del presidente Evo Morales.
En una conferencia de prensa ofrecida en el Palacio Quemado, Canelas recordó que la investigación que lleva adelante el Ministerio Público indaga sobre los alcances de la acción de un grupo terrorista que se afincó en Santa Cruz con afanes separatistas y de generar violencia extrema.
"Nosotros obviamente rechazamos, nos parece una solicitud de interés, de protección a quienes han estado involucrados en esta traición a la patria", remarcó al recordar que los sospechosos están acusados de traer mercenarios a Bolivia y de financiar sus actividades.
Según publicaciones de prensa, el ex diputado Alejandro Colanzi, el ex dirigente cívico Nino Gandarillas y el laico José Tuero presentaron un proyecto de decreto supremo para que el presidente Evo Morales dicté amnistía para los involucrados con el grupo irregular de Eduardo Rozsa Flores y con la realización de los referendos autonómicos que se realizaron en Pando, Santa Cruz, Tarija y Beni.
El Portavoz Presidencial preguntó a los periodistas que indagaban sobre la posición del Gobierno, cómo se podría actuar con la gente que ha contratado mercenarios para generar violencia, los ha financiado, les ha pagado dinero, les ha conseguido armamento.
"Esa gente que ha venido a Bolivia y se ha alojado en Santa Cruz particularmente iba a generar un proceso de violencia extrema en Bolivia, con muertos, asesinatos, atentados terroristas. A esa gente alguien los ha traído, a esa gente les han pagado, a toda esa gente les han financiado las armas, las municiones. El fin último era separa a Santa Cruz del territorio boliviano, esa es una traición a la patria", argumentó.
Con esos antecedentes, preguntó cómo se puede pedir amnistía para esa gente, aseguró que esa petición no tiene "pies ni cabeza" y recomendó que la gente involucrada con esos hechos se someta a la justicia boliviana.
"No se puede en definitiva amnistiar a alguien que ha querido generar un enorme proceso de violencia en el país, con muertos por supuesto y a alguien que ha querido separar parte del territorio boliviano del resto del país", sentenció.
Canelas dijo que no se puede permitir que haya gente que traiga delincuentes para generar violencia y "todavía los perdonemos".
"Para nada ellos tiene que someterse a la justicia boliviana y será la justicia boliviana la que emita un veredicto de que si son inocentes o son responsables", subrayó.
En abril del año pasado la policía desbarató un grupo terrorista en la ciudad de Santa Cruz y abatió en un enfrentamiento al húngaro-boliviano, Eduardo Rozsa Flores, al rumano Mayarohi Aryak y al irlandés Duayer Maikol Martins, además apresó al boliviano Mario Tadic y al húngaro Elod Tóasó.
Las investigaciones posteriores establecieron que lo sicarios fueron contratados en Europa y tenían intenciones secesionistas además de planear varios atentados terroristas, entre ellos un magnicidio en contra del presidente Evo Morales.
