La fiscal Patricia Santos informó el jueves que el juez de la Sala Penal I, Ángel Aruquipa, declaró improcedente la audiencia de acción de libertad para los imputados por los disturbios acaecidos el pasado 10 de mayo en la localidad de Caranavi, en el oeste de Bolivia, donde perecieron 2 civiles y quedaron heridas de bala 11 personas, entre ellas un alto jefe policial.
"La determinación (de desestimar el pedido de libertad) del Juez fue porque no se han verificado todos los elementos exigidos por ley para disponer lo contrario", expresó.
"Esta ha sido una audiencia de acción de libertad para los aprehendidos de Caranavi, presentada por la parte acusada en contra del Ministro de Gobierno, el Comandante General de la Policía (Oscar Nina) y representantes del Ministerio Público entre otras autoridades recurridas, la misma que ha sido declarada improcedente", indicó Santos a los periodistas.
Manifestó que la acción fue presentada ante la Jueza con argumentos de que los imputados habrían sido aprehendidos ilegalmente, además de haber sufrido malos tratos por parte de la Policía.
La Policía desplegó el pasado 7 de mayo una operación para abrir la carretera al norte de La Paz que se encontraba más de 12 días en poder de los productores de Caranavi, enfrascados en una disputa intestina con sus pares de Alto Beni, por la instalación de una planta procesadora de cítricos.
"La determinación (de desestimar el pedido de libertad) del Juez fue porque no se han verificado todos los elementos exigidos por ley para disponer lo contrario", expresó.
"Esta ha sido una audiencia de acción de libertad para los aprehendidos de Caranavi, presentada por la parte acusada en contra del Ministro de Gobierno, el Comandante General de la Policía (Oscar Nina) y representantes del Ministerio Público entre otras autoridades recurridas, la misma que ha sido declarada improcedente", indicó Santos a los periodistas.
Manifestó que la acción fue presentada ante la Jueza con argumentos de que los imputados habrían sido aprehendidos ilegalmente, además de haber sufrido malos tratos por parte de la Policía.
La Policía desplegó el pasado 7 de mayo una operación para abrir la carretera al norte de La Paz que se encontraba más de 12 días en poder de los productores de Caranavi, enfrascados en una disputa intestina con sus pares de Alto Beni, por la instalación de una planta procesadora de cítricos.
