A través de una imputación formal, el fiscal Gilbert Muñoz solicitó la anotación preventiva de los bienes del gobernador de Tarija, Mario Cossío. El requerimiento del Ministerio Público fue planteado el 15 de mayo, cuando Cossío aún no ejercía el cargo.

A la autoridad departamental se la acusa de un supuesto daño ocasionado al Estado por la adquisición de cemento asfáltico.


Sobre Cossío pesa una denuncia de la empresa Imbol Sur desde noviembre del 2009.
Según el libro de investigaciones, la ex Prefectura, a través del Servicio Departamental de Caminos, rescindió el contrato que tenía con esa firma para adquirir 2.990 toneladas de cemento asfáltico destinados al proyecto Puerta del Chaco-Canaletas.

Pero la defensa de Cossío, Marcelo García, señaló que “la Prefectura resolvió el contrato porque la empresa no cumplió con la dotación del material”.

La intención de la compañía  según García, era evitar la ejecución de la garantía de $us 1,3 millones definida en el contrato ante probable incumplimiento.

“En su momento, la aseguradora, tomándose atribuciones que no le competen, se abstuvo de depositar el monto a favor de la Prefectura, situación que fue sancionada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que la suspendió y luego la intervino”, recordó.

Y con el proceso abierto, la Fiscalía busca que el Gobernador sea el que pague ese monto.

Pero la imputación fiscal que debe ser presentada al Juzgado 1º de Instrucción en lo Penal no puede ser ejecutada, toda vez que la defensa de Cossío presentó un recurso de impugnación.

“La imputación ha sido sometida a revisión por parte del superior jerárquico de la Fiscalía del Distrito, Rodrigo Antelo. Por lo tanto, la imputación y las medidas cautelares que han sido requeridas por el fiscal, todavía se encuentran en revisión y no se puede disponer de ninguna medida hasta que el superior se pronuncie”, explicó el abogado de Cossío, Marcelo García.

Antelo tiene hasta antes del 10 de junio para pronunciarse sobre la imputación del fiscal y el recurso por “omisión en la valoración de los elementos de prueba” presentado por el actual Gobernador de Tarija, quien se defiende porque cree haber actuado protegiendo los intereses económicos de la ex Prefectura.

La autoridad departamental  tiene unos 20 procesos que están siendo investigados por el Programa Integral Anticorrupción (PIA) y el Ministerio Público./LR