El oficialismo en Diputados elaboró un proyecto de reglamento de ética que define como falta gravísima el protagonizar hechos escandalosos, además de todo tipo de discriminación, y establece como sanción una separación de seis meses a un año.

El mencionado proyecto salió a la luz pública luego de una confrontación verbal entre diputados opositores y oficialistas durante la sesión de aprobación de la Ley del Órgano Judicial, ayer.

“Existen demasiadas expresiones racistas de la minoría en contra de la mayoría, existen insultos racistas, nos tratan de ovejas, nos tratan de borregos, tienen expresiones muy lamentables en contra de nuestros compañeros indígenas”,  justificó el presidente de la Cámara, Héctor Arce, al referirse a la necesidad de aprobar un reglamento de ética.
El artículo 7 del mencionado documento, al que tuvo acceso La Razón, especifica en el punto 13 que se considera como una falta gravísima el hecho de “discriminar, presionar o denigrar a cualquier persona en razón de sexo, color de piel, edad, orientación sexual, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filosofía, estado civil, grado de instrucción, condición económica o social, discapacidad, embarazo o cualquier otra”.
En el artículo 9, referido a las sanciones, se establece que quien incurra en esta conducta será sancionado con la “separación temporal de la Cámara de Diputados por el tiempo de seis meses a un año, sin derecho a percibir remuneración alguna”.
El punto 9 del artículo 7 determina que también se constituye una falta gravísima el provocar hechos escandalosos, bochornosos y desplegar conductas agresivas o violentas en los recintos de la Asamblea Legislativa, además de lugares públicos.
La diputada Adriana Gil (PPB-CN) denunció que el oficialismo pretende “amordazar la voz” de los diputados opositores.
La también diputada opositora, Norma Piérola, anunció que se elevará una queja ante Amnistia Internacional “denunciando la intención del oficialismo en sentido de prohibir la fiscalización. La Constitución dice que el mandato de un asambleísta se pierde por la revocatoria de mandato”.
Arce negó que la sanción para una falta gravísima sea la suspensión definitiva. “No es así, quien sabe debería ser una falta gravísima la discriminación”, apuntó la autoridad legislativa./LR