Perú.- Cuando se le habla a la periodista Patricia Mayorga, de México, reacciona desconfiada. Sus ojos reflejan algo de susto. Otra periodista peruana recomienda no salir en la noche y dice que se vio obligada a cambiar de barrio recientemente. En la portada de un diario limeño, de fecha 26 de junio, se menciona que hay sicarios a sueldo que asesinaron a 10 personas. ¿Qué tienen en común las dos reporteras con ese diario?: El nivel de inseguridad ciudadana que, según las entrevistadas, se vive en esas ciudades.


Las periodistas, junto a otros informadores de la región, asistieron a un taller sobre censos en Lima, Perú. Aunque el tema de la inseguridad no fue parte del encuentro, salió a la luz al analizar la etapa de recolección de datos de ese estudio cuantitativo y la desconfianza progresiva de la gente a causa de la delincuencia.

Mayorga, de tez morena, 1,75 metros de estatura y contextura gruesa, nacida en Chihuahua, al norte México, cuenta que le parece extraño que en Lima no existan frecuentes retenes militares y policiales en las calles, tal como ocurre en su país, dice, debido a la explosión de la delincuencia urbana ligada al narcotráfico, que ha convertido a las mujeres en “botines de guerra”.

“En este año se produjeron 1.500 homicidios violentos”, indica la periodista, quien relata que los cárteles delictivos no se detienen ante mujeres embarazadas ni ante niños. Hace poco, un comando armado acribilló a los pacientes de un centro de rehabilitación en el cual murieron 19 personas (cuyas edades oscilaban entre 16 y 26 años), entre ellos un pastor evangélico.

Dos de estos cárteles son los Aztecas y los Mejicles, los cuales, junto a otros, siembran la violencia armada por razones de narcotráfico y aprovechan el clima delictivo para efectuar –además– raptos express a mujeres, “a quienes secuestran por horas, las violan y las devuelven”, indica la entrevistada.

Ante ese clima de inseguridad, los habitantes solicitaron ayuda a Ciudad Juárez, que envió a 5.000 policías y militares, pero eso no detuvo la violencia armada y más bien disparó las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Chihuahua, indica la reportera. En el caso de los periodistas, más de 30 agresiones se produjeron en los últimos meses. En años pasados, un comando armado entró a un restaurante y acribilló a un reportero, cuenta.

“¿Adónde vamos? Estamos peor. Esto no se detiene. Vienen (más policías y militares para frenar los grupos civiles armados), nos quieren ayudar y esto está peor”, confiesa.

La periodista Mayorga no duda en afirmar que el tráfico de drogas (que usa México como tránsito hacia Estados Unidos) es el principal culpable de esa violencia extrema.

Mientras eso ocurre en México, en Lima los periódicos del sábado 26 de junio, como El Comercio, publican noticias referidas a que estudiantes marcharon contra el terrorismo y que se registraron, en este año, 10 asesinatos a manos de sicarios a sueldo.

El titular de una noticia, por ejemplo, dice: “Sicarios matan a dos personas en 24 horas”. Uno de los victimados fue un comerciante del emporio comercial Gamarra que, según dirigentes del sector, se había negado a pagar a los delincuentes por la “protección” que le ofrecían.

También en Lima, una periodista y ex empleada del Instituto Nacional de Estadísticas de Perú contó que se tuvo que trasladar del barrio de Miraflores a causa de la delincuencia.

Otra reportera de Uruguay, de visita en Lima, cuenta que antes de ingresar a ese barrio, los transeúntes le dijeron que se dé media vuelta para evitar ser asaltada.

La periodista limeña agrega que los más apetecidos por los asaltantes son los extranjeros, de quienes se presume que portan dinero, cámaras fotográficas y otros objetos de valor.

Otra periodista, esta vez  de Guatemala, indica que en su país hay serios problemas de inseguridad a causa de las “maras”, es decir, pandillas delincuenciales. Ella relata que meses atrás, grupos delictivos depositaron bolsas que contenían cabezas humanas frente al Parlamento de ese país. Las bolsas estaban etiquetadas con un mensaje a las autoridades: “No toquen las cárceles”, decían los escritos, según la reportera.

Por todo lo expresado, es entendible la desconfianza y el susto de la reportera Mayorga y de las precauciones de la periodista peruana.