Remberto Cárdenas Morales
Sin que algunos lo digan, lo que se discute estos días en Bolivia es si la libertad de expresión es y será ilimitada o si tiene como límite la responsabilidad y/o si se impone mordaza a los periodistas y a los medios, la que los trabajadores de la noticia rechazamos durante las dictaduras y, ahora, en las condiciones de un gobierno democrático y popular, aún, en vez de indefensión, como muestran las acciones de los informadores cruceños, hay y habrá lucha.
Sin embargo, algunos de aquellos elementos que provocan la discordia se esclarecen, entre éstos, uno esencial: los trabajadores de los medios y en cierto modo (según declaraciones) los dueños de aquéllos aprueban el proyecto de ley que sanciona el racismo y la discriminación en Bolivia, el que fue aprobado por los diputados, pero falta que los senadores lo hagan, y si se aceptan las observaciones, el trámite de ese proyecto demorará algo más.
Abiertamente, ningún boliviano se opone a que se sancionen esas acciones que se han definido como delitos: el racismo y la discriminación. Sin embargo hay los que, esperamos sean pocos, empiezan a vivir una ilusión: creen que con aquella ley se desterrarán aquellas acciones delictivas. Es que han ganado algún terreno los partidarios de una teoría y una práctica que afirman o creen que basta una buena ley y su aplicación rígida para que, como en este caso, se superen la discriminación y el racismo.
Necesitamos esa ley para combatir el racismo y la discriminación, pero si los cambios en Bolivia se detienen y/o se distorsionan, será más difícil y hasta imposible vencer a esos dos nuevos delitos.
Nos preocupa lo que pretenden ocultar los fervientes partidarios, poco críticos, de aquel proyecto de ley: sufren menos o nada, por la discriminación y por el racismo, los que tienen plata en Bolivia. Para nosotros lo fundamental aquí, sin soslayar los cambios, es la división de los bolivianos en clases sociales y la lucha entre éstas, después vienen el racismo y la discriminación. En cambio, los que rechazan la teoría y la práctica de la lucha de clases se frotan las manos cuando ven que nos unimos o nos separamos ante aquella posible ley.
Más allá de aquellas observaciones que compartimos con gente que hace esfuerzos para pensar con cabeza propia, respaldamos aquella ley, al fin de cuentas, sin que lo sepan algunos que viven desinformados o subinformados, aquí en Bolivia está vigente la Convención sobre Derechos Humanos de San José (Costa Rica) la que, específicamente, establece normas para sancionar al racismo y a la discriminación la que, además, es ley de Bolivia.
Los códigos de ética de los trabajadores de los medios e incluso los principios que dicen reconocer los dueños de aquellos “aparatos ideológicos”, entendidas como autorregulación, también señalan que cometen faltas éticas los que desde los medios discriminan o se comportan racistas. De modo que los actores de esos medios tampoco, responsablemente, se oponen a la ley que ahora genera debate. Los empresarios de los medios de difusión y sus operadores (la mayoría de los periodistas) discriminan a los que rechazan el pensamiento único neoliberal y abrazan el pensamiento crítico, esta realidad existe sin aquella ley y seguirá con ella.
Más todavía, para un debate serio y profundo es imprescindible constatar o desmentir lo que sucede en la mayoría de los medios (y no estamos seguros de que aquello deje de ocurrir en los medios estatales) en los que, todos los días, hay censura, autocensura, manipulación, medias verdades y se mata a la verdad o se lo intenta. Esa realidad se tiene que cambiar y una ley contribuirá a una tarea que tiene la magnitud y la complejidad de una transformación de la sociedad, esto es, de las relaciones sociales, también entre los pueblos indígenas.
El que no cambia todo no cambia nada, dice una hermosa canción que entraña una verdad irrefutable. Nosotros postulamos cambios esenciales en los medios y nos gusta más decir que necesitamos otros medios de comunicación (y no sólo de difusión), así como merecemos otras fuerzas armadas, otra policía, otro Estado plurinacional. Pero, creemos que para organizar otro Estado es insoslayable, destruir al viejo Estado, lo que aquí en Bolivia no se hace.
Otros medios de comunicación, quiere decir otra conciencia social, otra superestructura, la que todavía tenemos, esa sí es caduca. (Entre paréntesis cabe decir que la Ley de Imprenta, burguesa por su forma y por su contenido, que deviene en patrimonio de los periodistas, pese a sus insuficiencias, porque de ella se toma principios como el derecho a opinar, el secreto de la fuente informativa, el derecho a réplica; pero esa ley, vieja pero con encantos todavía, sirve a pesar de que es añeja, de ahí lo que dicen legisladores de ella carece de sustento. A esos opinadores les aconsejamos que lean o relean esa legalidad sin los prejuicios del gobernante que está “enfermo de poder”, para decirlo con el verbo de la cruceña notable.
Las sanciones que pretenden legislarse contra los discriminadores y racistas de y desde los medios, a los que se les impondría sanciones económicas y el cierre de los medios infractores, son un exceso, “una chambonada”, dijimos en un medio, poco visto y casi nada escuchado. Se agrava el error porque defensores de los derechos humanos respaldaron y respaldan la incorporación de aquella norma destinada para la querella. Se sabe que, entre los asesores en comunicación del gobierno, hay algunos que afirman que los únicos opositores reales, con algunos recursos intelectuales, son los medios de difusión a los que hay que aplastar, como dicen que se los derrotó a los opositores. Esa afirmación demanda otra nota como ésta.
Ahora, sin embargo, cabe decir una vez más que la libertad de expresión tiene como límite la responsabilidad, sobre todo cuando de lo que se trata es de opinar. La información tiene que ser verdadera. Estos dos principios, aunque con una redacción defectuosa, son parte de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). Ambos están en la línea de la Convención de Costa Rica que es ley boliviana, reiteramos.
La lucha contra la discriminación y el racismo, para lo que se busca una ley, tiene que ser respaldada por los medios de difusión, especialmente, por los trabajadores. Sobre este asunto no tiene que haber más discusión.
El cierre de medios de difusión no es una norma constitucional ni existe en la legalidad boliviana, ése que para algunos es un aporte, se contrapone a la democracia, pero a la actual aún limitada, porque no es la del pueblo plenamente, la que todavía rige en este período de la transición boliviana. En la democracia del pueblo no se presentará como tal la antidemocracia.
Los derechos en la nueva CPE son individuales y colectivos. Sin embargo, por algún delito racista o discriminador de un periodista no se debe sancionar al medio, sino al actor del delito, condena que sólo debe aplicarse previo debido proceso.
Más aún, si el gobierno quiere socios y no patrones, eso quiere decir empresas mixtas, para cambiar a los medios los gobernantes tendrían que seducir a los empresarios para organizar con ellos empresas difusoras de mensajes que sean mixtas, es decir, con capitales privados y públicos. Ésa sería una vía para alterar a los medios en la dimensión de la transición actual.
No obstante, mientras predomine el capital privado, como ocurre ahora, en importantes ramas económicas del país, encontramos muy difícil o imposible, acabar con aquellos medios de difusión. Las medidas represivas, cual gladiadores solitarios como eran éstos, no acabarán con los medios racistas y discriminadores, cuyos delitos en lo posterior serían cometidos desde la clandestinidad y quizá al menos moderarse, pero no por esto último dejarán de oponerse a una nueva Bolivia en la que se viva bien.
“Cambiemos al mundo de fase/ hundiendo al imperio burgués”, dicen dos versos del himno de los trabajadores del mundo y de Bolivia. Aquello quiere decir que en este suelo tiene que ser otra la manera de producir, entre otras cosas, para acabar con la base material de la discriminación, del racismo, de la censura, de la autocensura, de la manipulación, de las medias verdades, de los intentos de matar a la verdad, en la mayoría de los medios de difusión actuales.
Los medios dijeron que en Santa Cruz el Presidente, al inaugurar la Feria Exposición (millonaria para la económica boliviana), reconoció que la “polarización” (agudización de la lucha de clase, para nosotros, señal de posibles cambios reales) le hizo perder cuatro años al país y que llamó a los empresarios a colaborar. Eso esperan leer, escuchar y ver los opositores al gobierno. Cada vez que Evo diga algo equivalente tendrá asegurada la primera página de los diarios y los medios audiovisuales abrirán sus servicios informativos con noticias parecidas.
Incluso por lo que disponen nuestras leyes, y mientras no haya una nueva de medios, la libertad de expresión no debe ser ni ilimitada ni amordazada ni centrista. Para ello, los periodistas debemos ejercer los cuatro derechos, individuales y colectivos que están en la nueva CPE y luchar por un nuevo periodismo que es posible, para lo que debemos informar con veracidad, facilitar la comunicación, opinar con responsabilidad e interpretar con ética.
