17 sept. (Fides).- El senador Eduardo Maldonado pidió a las distintas organizaciones que agrupan a los periodistas y a los miembros de su Bancada del Movimiento al Socialismo flexibilizar su postura ante la Ley de Lucha Contra el Racismo para avanzar en su pronta aprobación con las modificaciones respectivas que logren una norma aceptada por el conjunto de la sociedad.
“Lo peor que podría suceder es que las organizaciones lleguen a las audiencias públicas para simplemente oponerse, que la Bancada del oficialismo decida aprobar la norma sin modificar ni una coma, que la Bancada de oposición decida oponerse por el solo hecho de que es un Proyecto de Ley que está siendo propuesta por un ambleísta de la Bancada del Oficialismo”, dijo ayer Maldonado.
Maldonado que es presidente de la Comisión de Constitución y Derechos Humanos de la Cámara Alta se reunió ayer jueves con representantes de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Asociación Nacional de Periodistas de La Paz, Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Asociación Nacional de la Prensa y la Asociación Boliviana de Radiodifusoras de Bolivia.
“Felizmente, todas las organizaciones e instituciones que nos han visitado, han hecho saber que nos harán llegar por escrito las propuestas alternativas de redacción. Consensuaremos criterios, es decir, no vamos a oponernos por oponernos, sino que vamos a trabajar en el ánimo de enriquecer la norma”, señaló.
La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) respaldó el proyecto de Ley Contra el Racismo pero planteó ajustar los artículos que se refieren a los medios de información masiva para evitar que se vulnere la estabilidad laboral de los trabajadores de la prensa.
Un ajuste planteado se refieren a que si un entrevistado en directo (en televisión, radio e Internet) emite ideas racistas o discriminatorias, la responsabilidad sea de quien emite esas ideas y no del periodista o medio, salvo que el medio repita sistemáticamente dichas ideas, indicó el secretario ejecutivo de la FTPLP, Boris Quisberth, tras la reunión efectuada en el Senado.
Otro ajuste sugerido tienen que ver con que las multas que indica el proyecto de ley (en caso de que un medio autorice la difusión de ideas racistas) sean destinadas a un fondo social en beneficio de los trabajadores (para vivienda, salud, capacitación u otro fin de beneficio colectivo). Dicho fondo debería ser administrado por los propios trabajadores.
Una tercera sugerencia es que la probable suspensión de la licencia a un medio sea una medida de última instancia, es decir que previamente existan al menos tres sanciones económicas (antes de la suspensión) si es que el medio incurre en la difusión de ideas de persecución por motivos raciales.
Esta sugerencia de gradualidad en las sanciones se la realiza para evitar que se afecte el derecho al trabajo y la estabilidad de cientos de trabajadores y sus familias que podrían verse afectados si un actor mediático (presentador, comentarista, periodista o propietario) difunde ideas de persecución racial.
