En el marco de una nueva ley de Hidrocarburos, el país ganaría mucho con la creación de la Agencia Boliviana de Gas y Petróleo, que tendría la función de supervisión del sector y de defensa de los intereses del Estado y la sociedad, con mayor eficiencia y menor burocracia que las existentes, planteó la especialista Inés Ávalos, según el reporte de la Plataforma Energética.
“Es necesario y urgente la creación de una entidad que regule, supervise, fiscalice y controle a todos los operadores del sector hidrocarburos (….) Se debe reformar el sector de Hidrocarburos, definiendo claramente los roles, atributos y responsabilidades de las tres entidades estatales del sector (Ministerio, Superintendencia e YPFB)”, dice al presentar esta propuesta, que acompaña el proyecto de nueva ley de hidrocarburos elaborada por el ingeniero Víctor Hugo Sáinz.
“Los objetivos principales de la Agencia serían efectuar no solamente una regulación económica y técnica, sino también una regulación social que defienda efectivamente los intereses del Estado y de la sociedad boliviana, y que, paralelamente contribuya a crear valor agregado en todas las actividades relacionadas con gas y petróleo, buscando un punto de equilibrio entre el mercado donde actúan las empresas privadas y la intervención del Estado a través de YPFB”, agrega la propuesta remitida a la Plataforma Energética.
ENTIDAD AUTÁRQUICA DESCENTRALIZADA
Según Ávalos, la Agencia Boliviana de Gas y Petróleo debería ser “una entidad autárquica, con autonomía de gestión técnica y económica, descentralizada del Ministerio de Hidrocarburos, pero que reporte sus actividades al mismo como cabeza de sector”.
“Bajo el entendido que el Estado no puede regularse a sí mismo y que un operador de la cadena de hidrocarburos no puede a la vez ser juez y parte, es recomendable que las actividades de fiscalización y control de YPFB sean transferidas a la (nueva) entidad regulatoria, que tendría tuición sobre las actividades de la producción, distribución y comercialización”, agrega el reporte de la Plataforma.
La propuesta sostiene que la estructura organizacional de la Agencia “deberá ser en la medida de sus posibilidades lo más plana posible, basada en equipos multidisciplinarios, flexibles e interrelacionados, con objeto de cambiar las actuales estructuras que son innecesariamente burocráticas”.
Para ello, se plantea la creación de seis direcciones: Dirección General, Dirección de Procesos de Upstream, Dirección de Procesos de Downstream, Dirección de Comercialización y Regulaciones, Dirección de Medio Ambiente y Dirección de Administración y Finanzas. En la propuesta se incluye las Unidades componentes de estas Direcciones, sus atribuciones y características (ver documento completo en el link ubicado al final de esta nota. Incluye asociado el proyecto de ley de hidrocarburos).
LOS GRANDES PROBLEMAS DE LA SUPERVISIÓN
En el análisis de Ávalos, la creación de la Agencia Boliviana de Gas y Petróleo contribuiría a eliminar los grandes problemas de la supervisión existentes desde la implantación de las Superintendencias, y que hasta ahora no han sido resueltos del todo.
“La capitalización y privatización en Bolivia tuvo resultados negativos y no mejoró en nada los indicadores socioeconómicos. Los distintos gobiernos del pasado no tuvieron la voluntad ni la capacidad para dotar de una política regulatoria adecuada a nuestra realidad, capaz de permitir al Estado tener un instrumento que cumpla eficazmente el rol de intervención en materia de cumplimiento de las obligaciones asumidas por los actuales prestadores de los servicios públicos y fundamentalmente proteger los derechos de los usuarios”.
“El Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) no cumplió con su rol de defender los intereses de los usuarios o consumidores, del Estado y de las empresas de servicios, motivo por el cual este sistema debe eliminarse y en su lugar crear entidades acordes a la realidad y al Plan Nacional de Desarrollo”.
“Por tanto, agrega el diagnóstico de Ávalos, el marco regulatorio vigente adolece de graves falencias pues priorizó la regulación económica sin tomar en cuenta que como Estado debe implantarse no sólo regulaciones económicas, técnicas y jurídicas, sino principalmente una regulación social, que implica fortalecer la obligación estatal de preservación del carácter público de los servicios esenciales, independientemente de las características de los mercados en los que operan”.
FALENCIAS, DEBILIDADES Y ABUSOS DEL ACTUAL SISTEMA
Según la especialista, “actualmente continúan las falencias en las actividades de la Superintendencia de Hidrocarburos como:
- Otorgamiento de Concesiones, Licencias, Autorizaciones, Permisos y Registros, sin cumplir los requisitos establecidos en los reglamentos pertinentes
- Mala asignación y uso de recursos económicos y humanos
- Atención poco oportuna a los usuarios de los servicios
- Excesiva burocracia
- La supuesta institucionalización sólo sirvió para incorporar a la entidad a personas que responden a los intereses personales y de grupo del anterior sistema que efectivamente reguló a favor de las petroleras y en desmedro de la población boliviana
- Las decisiones discrecionales de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de sus Directores no se enmarcaron en los procedimientos y la normativa vigente
- Programas de Operaciones Anuales sin objetivos claros que no contaron con parámetros cualitativos y cuantitativos para medir su cumplimiento
- Falta de oportunidad de proponer al Poder Ejecutivo normas de carácter técnico y modificaciones a los reglamentos para prevenir y solucionar problemas del sector como el déficit en la producción de GLP.
“La regulación debería efectuarse con imparcialidad, predictibilidad, transparencia y eficacia. La Superintendencia de Hidrocarburos (y las otras del Sistema) nunca estuvieron alejadas del poder político por la designación de las máximas autoridades, cuestionando su supuesta independencia y la imparcialidad de sus fallos, convirtiéndose en un apéndice del Poder Ejecutivo y en la mayoría de las situaciones bajo las presiones del Poder Legislativo y del poder económico de las petroleras”, agrega./ PLATAFORMA ENERGÉTICA
“Es necesario y urgente la creación de una entidad que regule, supervise, fiscalice y controle a todos los operadores del sector hidrocarburos (….) Se debe reformar el sector de Hidrocarburos, definiendo claramente los roles, atributos y responsabilidades de las tres entidades estatales del sector (Ministerio, Superintendencia e YPFB)”, dice al presentar esta propuesta, que acompaña el proyecto de nueva ley de hidrocarburos elaborada por el ingeniero Víctor Hugo Sáinz.
“Los objetivos principales de la Agencia serían efectuar no solamente una regulación económica y técnica, sino también una regulación social que defienda efectivamente los intereses del Estado y de la sociedad boliviana, y que, paralelamente contribuya a crear valor agregado en todas las actividades relacionadas con gas y petróleo, buscando un punto de equilibrio entre el mercado donde actúan las empresas privadas y la intervención del Estado a través de YPFB”, agrega la propuesta remitida a la Plataforma Energética.
ENTIDAD AUTÁRQUICA DESCENTRALIZADA
Según Ávalos, la Agencia Boliviana de Gas y Petróleo debería ser “una entidad autárquica, con autonomía de gestión técnica y económica, descentralizada del Ministerio de Hidrocarburos, pero que reporte sus actividades al mismo como cabeza de sector”.
“Bajo el entendido que el Estado no puede regularse a sí mismo y que un operador de la cadena de hidrocarburos no puede a la vez ser juez y parte, es recomendable que las actividades de fiscalización y control de YPFB sean transferidas a la (nueva) entidad regulatoria, que tendría tuición sobre las actividades de la producción, distribución y comercialización”, agrega el reporte de la Plataforma.
La propuesta sostiene que la estructura organizacional de la Agencia “deberá ser en la medida de sus posibilidades lo más plana posible, basada en equipos multidisciplinarios, flexibles e interrelacionados, con objeto de cambiar las actuales estructuras que son innecesariamente burocráticas”.
Para ello, se plantea la creación de seis direcciones: Dirección General, Dirección de Procesos de Upstream, Dirección de Procesos de Downstream, Dirección de Comercialización y Regulaciones, Dirección de Medio Ambiente y Dirección de Administración y Finanzas. En la propuesta se incluye las Unidades componentes de estas Direcciones, sus atribuciones y características (ver documento completo en el link ubicado al final de esta nota. Incluye asociado el proyecto de ley de hidrocarburos).
LOS GRANDES PROBLEMAS DE LA SUPERVISIÓN
En el análisis de Ávalos, la creación de la Agencia Boliviana de Gas y Petróleo contribuiría a eliminar los grandes problemas de la supervisión existentes desde la implantación de las Superintendencias, y que hasta ahora no han sido resueltos del todo.
“La capitalización y privatización en Bolivia tuvo resultados negativos y no mejoró en nada los indicadores socioeconómicos. Los distintos gobiernos del pasado no tuvieron la voluntad ni la capacidad para dotar de una política regulatoria adecuada a nuestra realidad, capaz de permitir al Estado tener un instrumento que cumpla eficazmente el rol de intervención en materia de cumplimiento de las obligaciones asumidas por los actuales prestadores de los servicios públicos y fundamentalmente proteger los derechos de los usuarios”.
“El Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) no cumplió con su rol de defender los intereses de los usuarios o consumidores, del Estado y de las empresas de servicios, motivo por el cual este sistema debe eliminarse y en su lugar crear entidades acordes a la realidad y al Plan Nacional de Desarrollo”.
“Por tanto, agrega el diagnóstico de Ávalos, el marco regulatorio vigente adolece de graves falencias pues priorizó la regulación económica sin tomar en cuenta que como Estado debe implantarse no sólo regulaciones económicas, técnicas y jurídicas, sino principalmente una regulación social, que implica fortalecer la obligación estatal de preservación del carácter público de los servicios esenciales, independientemente de las características de los mercados en los que operan”.
FALENCIAS, DEBILIDADES Y ABUSOS DEL ACTUAL SISTEMA
Según la especialista, “actualmente continúan las falencias en las actividades de la Superintendencia de Hidrocarburos como:
- Otorgamiento de Concesiones, Licencias, Autorizaciones, Permisos y Registros, sin cumplir los requisitos establecidos en los reglamentos pertinentes
- Mala asignación y uso de recursos económicos y humanos
- Atención poco oportuna a los usuarios de los servicios
- Excesiva burocracia
- La supuesta institucionalización sólo sirvió para incorporar a la entidad a personas que responden a los intereses personales y de grupo del anterior sistema que efectivamente reguló a favor de las petroleras y en desmedro de la población boliviana
- Las decisiones discrecionales de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de sus Directores no se enmarcaron en los procedimientos y la normativa vigente
- Programas de Operaciones Anuales sin objetivos claros que no contaron con parámetros cualitativos y cuantitativos para medir su cumplimiento
- Falta de oportunidad de proponer al Poder Ejecutivo normas de carácter técnico y modificaciones a los reglamentos para prevenir y solucionar problemas del sector como el déficit en la producción de GLP.
“La regulación debería efectuarse con imparcialidad, predictibilidad, transparencia y eficacia. La Superintendencia de Hidrocarburos (y las otras del Sistema) nunca estuvieron alejadas del poder político por la designación de las máximas autoridades, cuestionando su supuesta independencia y la imparcialidad de sus fallos, convirtiéndose en un apéndice del Poder Ejecutivo y en la mayoría de las situaciones bajo las presiones del Poder Legislativo y del poder económico de las petroleras”, agrega./ PLATAFORMA ENERGÉTICA
