Luego del gasolinazo en Bolivia, del que el gobierno desistió tras una ola de protestas, Quito trabaja en un "un análisis profundo" de las subvenciones. El gas y el combustible, en la mira. "Este tema lo trataremos en un taller futuro en el que se evaluara uno a uno para medir su impacto. Hay que ser claros en que los subsidios tienen que ir a los pobres si atacan a la pobreza, pero también pueden ir a mejorar el desarrollo y la eficiencia de la economía", sostuvo el titular de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), René Ramírez, publicó la agencia estatal de noticias Andes.
Según explicó, la idea es definir por qué se crearon y determinar cómo impactaron en la población y la economía ecuatoriana, para definir si deben continuar. De hecho, el funcionario consideró que algunas de las ayudas otorgadas por el gobierno socialista al que pertenece "tuvieron el efecto esperado".
El presidente del Banco Central, Diego Borja, afirmó que los subsidios al gas y al combustible son "un peso para el Estado", pero que "no pueden eliminarse mientras no se tenga una claridad de cómo beneficiar a la gente que lo necesita".
Conciente de los problemas que le trajo al gobierno boliviano un ajuste similar, justamente sobre la gasolina, señaló: "El Presidente (Rafael Correa) ha sido muy claro: no se van a quitar los subsidios mientras no haya una definición sobre cómo compensar a quienes más lo necesitan".
Antecedente funesto
Un día después de Navidad, Bolivia fue sacudida por el decreto presidencial que aumentaba en un 82% el valor de los principales combustibles utilizados por ese país, lo que provocó una suba inmediata en los precios de los productos comunes -como el pan y los taxis- consumidos por la población.
El anuncio, a pesar de su importancia, no fue hecho por el líder del gobierno, ya que se trataba de una medida impopular. La responsabilidad de realizarlo le fue dada a su segundo, Álvaro García Linera, en ese momento en ejercicio interino de la presidencia.
El gobierno intentó calmar los ánimos con un aumento del 20% para el salario mínimo, y para policías, militares, profesores y profesionales de la salud. Pero la precariedad de la cultura laboral boliviana, que alcanza a un 74% en negro, provoca que una medida semejante beneficie apenas al 4% de la población. Las protestas comenzaban a ser cada vez más violentas.
Luego de varias idas y vueltas, a última hora del 31 de diciembre, el presidente Evo Morales finalmente cedió. Lo pusieron contra la pared las mismas organizaciones que sostuvieron su ascenso al poder. Sindicatos y agrupaciones indígenas lo acusaron de tomar medidas "neoliberales" y lo convencieron de dar marcha atrás./INFOBAE
