En los sectores populares y vecinales que se han movilizado la última semana de diciembre de 2010, obligando al presidente Evo Morales a anular el gasolinazo, hay quienes no quieren ni oír de un nuevo intento gubernamental por elevar el precio de la gasolina y el diésel, aunque sea gradualmente, afirmó Carlos Rojas ex dirigente de la Fejuve.
Según el ex dirigente de la organización cívica, habría fuerte resistencia popular si el Gobierno vuelve a intentar aplicar el “gasolinazo”. Lo mismo advierten en las filas de la Central Obrera Regional de El Alto (COR).
Por ello, hay inquietud y alarma discurso presidencial del pasado sábado, donde se anuncia una cumbre con dirigentes antes de emitir un nuevo “gasolinazó”, además de la campaña desplegada en varias ciudades por el propio presidente Morales para eliminar las subvenciones, que considera como un “cáncer” que destroza la economía.
“En este momento, el salario mínimo está en Bs 680. Entonces decir que va a aplicar poco a poco el aumento de la gasolina no es ninguna salida para la población, porque no hay nuevas fuentes de empleo ni salarios que cubran la canasta familiar (…) Eso tiene que pensar en solucionar el Ejecutivo y no en dar ganancias a las petroleras”, dice Carlos Rojas (CR), en un amplio reportaje publicado por el boletín vecinal de “La Protesta”, donde advierte que “El Alto se está empezando a organizar desde las bases (…) la movilización surgirá de las organizaciones de bases”, declaró el dirigente ante Plataforma Energética.
El Gobierno debe decir cuánto es lo que le está pagando en realidad a las petroleras. La producción de gasolina y diésel ha bajado a la mitad en los últimos años. Las petroleras no quieren producir para el país. Lo que ocurre revela que las petroleras tienen el control y que no hubo verdadera nacionalización, sino por el contrario nuevos contratos con las transnacionales. Las petroleras tienen el control y han presionado al Ejecutivo para que dicte el “gasolinazo”. Por eso precisamente es que se ha pedido la nacionalización de los hidrocarburos para que ya este control deje de estar en manos de las petroleras transnacionales.
Hasta el momento, con esta acción y con el informe que ha presentado el vicepresidente Álvaro García Linera, queda claro que YPFB no tiene producción, sólo está administrando, pero bajo el control de las petroleras transnacionales. Pero más allá está el hecho de que el Gobierno no ha obligado a las petroleras a cumplir los contratos de perforar nuevos pozos. En el 2010 se han perforado sólo 5 pozos./ EL DIARIO
