En la población cruceña de Puerto Suárez, uno de los municipios fronterizos con Brasil, los vehículos, públicos y privados, usan sólo diésel y gasolina y aún no consumen el gas natural, según comprobó Página Siete en una visita realizada a esta zona.


El Gobierno prioriza el cambio de la matriz energética sólo en el eje troncal del país y no así en las fronteras donde existe, por ejemplo, gran contrabando de carburantes líquidos.

En esta población de más de 2.000 habitantes hay sólo un surtidor habilitado para que venda carburantes líquidos, en cuyo alrededor los camiones de alto tonelaje, buses interdepartamentales, transporte público sindicalizado y mototaxistas, deben hacer largas filas o pernoctar para cargar combustibles.

Sin embargo, existe otro surtidor construido por la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) de Santa Cruz, que podría vender GNV, porque sus instalaciones así lo permiten, según explicaron a Página Siete algunos porteños y la secretaria general del Concejo Municipal de Puerto Suárez, Kerlyn Salvatierra.

“Este surtidor puede funcionar, sólo necesita abrir la llave para vender gas vehicular, pero no tiene autorización de las autoridades de Yacimientos o el Ministerio de Hidrocarburos”, explicó Salvatierra.

Este surtidor se encuentra a 12 kilómetros de la parte céntrica de Puerto Suárez y a cinco kilómetros de Puerto Quijarro.

“Mire las colas de los camiones de alto tonelaje. Ni los taxistas podemos conseguir gasolina, a veces tenemos que dormir y esperar hasta mediodía para que nos vendan e incluso algunos se quedan sin comprar”, lamentó don Ángel Salvatierra, que migró de Santiago de Chiquitos hacia la frontera en busca de trabajo.

Ambos entrevistados coincidieron, por separado, que el Gobierno debería priorizar la conversión de motorizados a GNV en las fronteras para reducir el contrabando de carburantes líquidos hacia el Brasil.

No es de interés

En la Dirección de Comunicación del Ministerio de Hidrocarburos explicaron a este medio que el parque automotor en las poblaciones fronterizas es mínimo, y que la política de esa cartera es promover el cambio de matriz energética en ciudades capitales del eje troncal como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto, Oruro y Sucre.

“El tema del GNV en provincias es mínimo, no incide en la gran importación de combustibles, no incide, representa el 1% (del parque automotor), no llega ni siquiera al 3%, y Puerto Suárez es mucho más chico”, señaló a Página Siete el responsable de Comunicación, Carlos Orías.

Indicó que lo que hace el Ministerio es promover el cambio de GNV en las “grandes capitales y no en pequeñas provincias o pueblos”, para impedir el incremento de precios en los pasajes del transporte público y disminuir la importación de líquidos.

Asimismo, acotó que el control del contrabando de carburantes corresponde a la Aduana.

La importación de diésel y gasolina en 2011 tendrá un costo de 1.002 millones de dólares para el Estado, a diferencia de 2010 que fue de 666 millones, según anunció el vicepresidente, Álvaro García Linera, en enero.

En 2010, de los 666 millones de dólares destinados a la compra de carburantes 380 fue el monto de la subvención y 150 millones se fueron al contrabando.


Gasolinazo evitó contrabando en fronteras

Durante la semana de vigencia del decreto 748 que niveló el precio de los carburantes a nivel internacional, el Gobierno detectó que el consumo de diésel en Puerto Suárez bajó en un 57%.

En enero el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, indicó que antes del decreto esa ciudad consumía 40.000 litros de diésel por día, y con la vigencia de la normativa la demanda bajó a 17.000 litros. “Quiere decir que hubo disminución del 57%”.

Gracias a la medida, YPFB detectó que esa frontera sólo necesita 17.000 litros de diésel al día, y no los 40.000 litros que demandaba. En Bolivia el consumo de gasolina antes del decreto era de 3.354 millones de litros al día, pero con la norma fue 2.853 litros./ PAGINA SIETE