Bolivia vive el proceso de la tercera nacionalización del sector de hidrocarburos llevada a cabo, esta vez, por el Gobierno de Evo Morales, confirmando la tendencia histórica dominante en el país para que el desarrollo del sector sea de responsabilidad estatal.
Al igual que las anteriores, se hizo, seguramente, con la idea primigenia de que YPFB se haga cargo de la producción, pero el proceso continuó delegando a empresas extranjeras. Así como lo fue en el pasado. ¿Por qué será? La respuesta es que los nacionalizadores tardan en darse cuenta de que explorar, descubrir y producir hidrocarburos no es soplar botellas, se requiere conocimiento, tecnología y mucho capital, que el Estado boliviano no lo posee.

El año 1972 comenzó la era del gas, que el país sigue viviendo, con una exportación anual de gas natural a la República de Argentina que representó al país un ingreso anual de diez millones de dólares solamente. Diez años más tarde, había llegado a su cenit con un valor exportado de 382 millones de dólares, iniciando su declinación hasta llegar a exportar gas sólo por un total de 36 millones de dólares en 1999, año en que la economía boliviana se estancó. Parecía que había acabado la era del gas para Bolivia. Felizmente no fue así porque se inició la exportación al Brasil, que, con la reanudada a favor de la Argentina, para el año 2010 le representó a Bolivia un significativo ingreso de 2.798 millones de dólares —280 veces más de lo que se había hecho ya en ese lejano año 1972—, lo que significa el 41% de las exportaciones totales.

La mala noticia es que el volumen de exportación de gas natural se ha estancado durante el Gobierno de Morales. Incluso el volumen exportado en 2010, que se recuperó luego de una importante caída en 2009, es menor al que se tuvo el año 2008, un año de boom económico para Bolivia. ¿Por qué será?

Desde hace dos años, la nueva y vigente Constitución Política del Estado, aprobada, por primera vez, mediante un referéndum —con 61% de apoyo—, determina que la comercialización de la producción de hidrocarburos estará a cargo del Estado. Se determina que YPFB es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva y su comercialización.

El artículo 362.I señala que YPFB está autorizada para suscribir contratos de “prestación de servicios” con empresas. Ninguno de estos contratos que suscriba YPFB podrá acarrear pérdidas a la empresa o al Estado. La pregunta que surge de inmediato es: ¿Cómo YPFB puede garantizar que no se produzca la posibilidad de pérdida cuando se haga un contrato para prestación de servicios en la etapa de exploración? Se sabe que en esta etapa está el verdadero riesgo y cuando se hacen millonarias inversiones en el sector; así como se pueden descubrir reservas, puede que no. ¿Habrá empresas transnacionales dispuestas a realizar inversiones como “prestación de servicios” a YPFB cuyas pérdidas en exploración sean completamente absorbidas por aquéllas? Se debe pensar que las empresas que acepten el riesgo sean aquellas que ya tengan alguna información técnica sobre los lugares a explorar y que indiquen alguna posibilidad racional de encontrar hidrocarburos. Añadido a esto, se podría suponer que existan cláusulas en los contratos que señalen que de ser favorable el descubrimiento en la fase de explotación, la empresa en cuestión sería acreedora a una participación sustancial en los ingresos del negocio en la etapa siguiente de explotación y de comercialización, también como forma de compensación por pérdidas sufridas en otros contratos no exitosos de exploración. Adicionalmente, la Constitución determina que cuando YPFB conforme asociaciones o sociedades de “economía mixta”, para operar en cualquiera de las fases de la cadena productiva, deberá participar accionariamente con al menos el 51% del total, lo que quiere decir que YPFB tendrá que aportar estos millonarios recursos de capital. ¿De dónde provendrán? Finalmente, está la disposición constitucional que determina que el Estado no reconoce tribunal ni jurisdicción extranjera para la solución de controversias planteadas por las empresas extranjeras. ¿Esta normatividad fundamental incentiva la atracción de inversión extranjera en el sector? La respuesta es no.

La normatividad señalada conlleva la conclusión de que estas restricciones constitucionales desincentivan la llegada de capitales extranjeros al sector, habida cuenta que se requieren millonarias inversiones en exploración, ahora más que nunca, y como resultado de las nuevas estimaciones hacia abajo sobre reservas de gas que posee el país y que indican que se encuentran muy por debajo de lo que se decía. Lo verificable es una tendencia decreciente en materia de exploración, de 39 pozos perforados en el año 2000 para exploración, no habría habido ninguno para el año 2009 y sólo cuatro para el año 2010. Este panorama es poco alentador para asegurar el descubrimiento de nuevas reservas de gas que permitan luego buscar nuevos mercados para la exportación.

Las reservas probadas estarían en el orden de 9 TCF, cuando antes se suponía el doble. El total de probadas, probables y posibles todavía estarían en el orden de las 40 TCF, cifra no despreciable. Lo urgente es convertir las reservas probables y posibles en probadas, lo que requiere inversión de capitales de riesgo.

Los expertos indican que Bolivia está utilizando 0,5 TCF por año para cumplir los compromisos de exportación de gas a Brasil, Argentina y para el consumo interno. De ser así, las reservas probadas tendrían un horizonte de producción de diez y ocho años para satisfacer estos mercados. Sin embargo, si nos referimos a la producción de líquidos, se estima que en cinco años éstos se agotarán. Adicionalmente, se debe destacar que el consumo interno de hidrocarburos seguirá aumentando en los próximos años. Cualquier faltante implica correr el riesgo de estancar la estratégica producción de electricidad y de cemento. Los datos indican que el 81% de la producción se dirige a la exportación y el resto al consumo interno. De esta parte que se dirige al consumo interno, el 82% es absorbido por el sector eléctrico e industrial del país y sólo el 18% al consumo de los hogares. Esto quiere decir que del total de gas que produce Bolivia, únicamente un 2% se dirige al consumo de los hogares.

El contrato con Brasil estipula que se debe enviar un volumen diario que puede fluctuar entre 24,1 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) y un máximo de 31,5. Durante el mes de diciembre del año 2010 se ha enviado en promedio un volumen diario de 22,9, menor al mínimo, y en un rango que se movió entre 29,2 y 19,7. El contrato con Argentina estipula un tope de 7,7 MMmcd y un mínimo de cinco. Durante diciembre se envió diariamente en promedio 6,4, con un día máximo de 7,8 y mínimo de 4,7. Surge la pregunta: ¿Por qué no se venden los montos máximos convenidos? ¿Por qué los demandantes no quieren o por qué Bolivia no puede?

Un importante proyecto de YPFB es la masificación del uso del gas por cañerías, para lo cual se piensa llegar a 900.000 conexiones el año 2015, cuando en el periodo 2009-2010 se habrían realizado 50.000. Esto quiere decir que el consumo de hogares subirá sustancialmente, y para esto se requiere aumentar la producción, primero, y asegurar, luego, el flujo futuro.

Una vez más el país se juega su futuro sobre la base de la producción de sus materias primas. El estancamiento y la declinación del sector hidrocarburos serían fatales para asegurar mejores días para los bolivianos.

Armando Méndez es Miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas./ LA PRENSA