Uno de los aspectos en que coinciden expertos del sector energético de diversas tendencias, consultados por Reporte Energía, es que actualmente el marco legal hidrocarburífero del país debe ser modificado para adecuarse a la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y para responder a la realidad del sector que requiere mayor inversión para su desarrollo. Los analistas indican que antes de definir los puntos principales del contenido de la nueva Ley de Hidrocarburos, se debe primeramente consensuar una política energética que indique el rumbo a seguir.

En este marco, se tendrá que definir si se optará por un modelo con monopolio estatal en toda la cadena hidrocarburífera, si habrá coexistencia con empresas petroleras internacionales o si se optará por un modelo mixto, sostuvieron.
Otro aspecto importante que señalaron los expertos energéticos es que Bolivia debe cumplir con lo que pregona, es decir, que si quiere tener socios y no patrones, debe consensuar con las compañías petroleras privadas inversoras el destino de las ganancias del negocio hidrocarburífero.
SEGURIDAD JURÍDICA
Asimismo, los analistas hicieron notar que las empresas petroleras privadas que están en el país, y las que podrían venir, no invierten en nuevos prospectos exploratorios principalmente por tres aspectos. El primero que tiene que ver con la negativa de la actual CPE para que las compañías envíen sus utilidades netas a su casa matriz.
Segundo, porque existe desconfianza en cuanto a la solución de controversias que actualmente sólo puede tener base en el país. En tercer lugar, las condiciones impositivas para los campos petroleros en declinación no permiten tener un flujo de caja y rentabilidad atractivas para las compañías que las operan.
En este sentido, recomiendan modificar en la nueva Ley del sector los porcentajes que reciben actualmente las empresas fuera del 50% correspondiente al IDH y regalías.
En cuanto a las áreas tradicionales y no tradicionales se plantea modificar esta clasificación y que la otorgación de las mismas deje de ser una atribución de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Se pide licitar internacionalmente las mismas de forma abierta y transparente.
INCERTIDUMBRE
Para el analista Hugo del Granado, la Ley 3058, de mayo de 2005, fue aprobada en un contexto de crisis cuando los hidrocarburos se convirtieron en una bandera política para todo fin. En una coyuntura de esa naturaleza era muy difícil pretender elaborar una norma que representara una visión de desarrollo de largo plazo para el sector.
Se hubiera esperado que el año 2006, el Gobierno aprobara una nueva Ley acorde a sus postulados y programas, pero prefirió emitir una disposición eminentemente política, como fue el DS 28701, para introducir un enfoque estatista en la gestión de los hidrocarburos. Hoy, a más de 5 años de ejercicio gubernamental y con los escasos resultados alcanzados, es poco predecible que pueda ser exitosa una nueva Ley que ratifique las premisas estatistas del Gobierno y aún en el caso de elaborarse y aprobarse una Ley de Hidrocarburos en esa línea, su vigencia y aplicación sería nuevamente por un corto período de tiempo.
No se podría augurar otra cosa al constatar que después de cinco años de gobierno, el país se ha vuelto dependiente de los carburantes importados; las reservas probadas tanto de líquidos como de gas han tenido un grave descenso, la gestión de la mayor empresa estatal YPFB Corporación ha sido ineficiente y ensombrecida por numerosos casos de corrupción; esto para citar algunos de los factores más importantes que han contribuido a que el país se haya sumido en un profundo rezago.
Por los criterios expuestos considero que no es el momento adecuado para sugerir una nueva Ley de Hidrocarburos y porque añadiría un factor adicional de incertidumbre a quienes esperan normas duraderas antes de efectuar inversiones o de aventurarse en países con regulaciones fugaces y de alto riesgo.
MONOPOLIO
Asimismo, el ex superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda, no considera conveniente tratar de modificar la actual Ley. “Ésta ha sufrido demasiadas modificaciones e innovaciones y ha perdido un sentido integral del marco legal para la industria. Lo conveniente sería redactar una nueva Ley”, sostuvo.
Por otro lado, la industria ha sufrido enormes transformaciones como consecuencia de la crisis económico financiera mundial y la aparición de otras formas de obtener hidrocarburos. La definición básica que se debe tomar es si se pretende tener una industria petrolera con monopolio total del Estado o se va a permitir la coexistencia con empresas petroleras internacionales (IOC), o si se va a pretender tener un modelo mixto.
La experiencia mundial está mostrando que un monopolio estatal total no es lo más conveniente. En el caso nuestro, el sector que podría ser monopólico para el Estado debería ser el transporte internacional por ductos debido a todas sus connotaciones geopolíticas. En otros sectores, como el upstream el concurso del capital y tecnología de las IOCs, directamente o asociadas con el Estado, está mostrando mundialmente su eficiencia. Para mantener una relación equilibrada debe restituirse un sistema regulatorio independiente y equidistante del Estado, las empresas privadas y los consumidores.
APERTURA
Por otro lado, en criterio del experto Álvaro Ríos, no cree que se deba trabajar sobre la actual norma. Se requiere una nueva Ley de Hidrocarburos que aborde los siguientes puntos:
Debe muy claramente reglamentar la CPE respecto al tema de obligación de reinversión de utilidades en el país para las empresas y sobre el tema de la solución de controversias, que sólo puede tener jurisdicción en Bolivia. Estos dos temas limitan las inversiones en el país.
Se debe concretar un régimen de impuestos (regalías) en boca de pozo variable para el gas y petróleo en función del precio y de los volúmenes y de las áreas tradicionales y no tradicionales.
Debe permitirse un contrato más flexible y menos rígido que las actuales SAM, como por ejemplo de servicios con remuneración en efectivo o producto al productor.
Debe crearse una agencia de promoción de la inversión y seguimiento de las acciones de inversión en exploración muy similar a la ANH, ANP o Perupetro en Colombia, Brasil y Perú respectivamente.
En esta nueva Ley o Ley separada se debe tener un acápite muy separado para descentralizar, despolitizar y dar autonomía a las actividades de YPFB, permitiéndole un accionar más flexible y dinámico, tal cual fuera una empresa privada con alto nivel de gestión (con más geólogos que sociólogos, y con mas tecnología que ideología) para que compita y se asocie con otras empresas públicas y privadas.
Finalmente, se debe establecer parámetros para dar un verdadero impulso a la industrialización. La nueva Ley tiene que tener una visión general de mercado y de apertura a las inversiones de riesgo. Debe respetar los contratos y acuerdos vigentes./ EL DIARIO