Ante el temor de perder sus inversiones, las Asociaciones de Surtidores del país podrían dejar de vender combustible porque no consideran justo el proyecto de Ley de Desarrollo y Seguridad Jurídica.
En el artículo 9 del antepreyecto señala que "las estaciones de servicio que se encuentran dentro de un radio de 50 kilómetros de la frontera, se declaran de necesidad pública, estando sujetas al régimen de expropiación municipal, previo pago de una justa indemnización".
La titular de Asosur Santa Cruz, Susy Dorado, indicó que si llegase a aprobarse la Ley, seguro que muchos propietarios dejarán el rubro para dedicarse a otras cosas.
"Hemos pedido una audiencia con el presidente Evo Morales porque en la Cámara de Diputados no nos quisieron atender", informó Dorado.
Gran inversión. La instalación de un surtidor tiene un costo aproximado entre 400 mil a 600 mil dólares, comentó Dorado quien ve difícil que exista una justa indemnización de parte del Estado.
En Bolivia existen alrededor de 500 estaciones de servicio.
Dorado indicó que también reclaman lo que dice en el artículo 19, parágrafo IV "la persona autorizada por la entidad pública competente que facilite la comercialización, almacenamiento y transporte ilegal de diesel oil, gasolinas o gas licuado de petróleo será sancionado con un tercio de la pena máxima establecida (seis años) y la revocatoria definitiva de su licencia".
No descartan movilizaciones en el país
Dorado dijo que ellos están dispuestos a todo lo que la ley les faculta en cuanto a protestas. no descartan marchas, huelgas y bloqueos en contra del proyecto.
22 Surtidores existen funcionando actualmente dentro del radio de 50 kilómetros de las fronteras./ EL DIA
