El presidente Evo Morales promulgó este martes la Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza, que confisca surtidores que se encuentran a 50 kilómetros en las fronteras y de esa manera poner fin al contrabando de combustibles a países vecinos.


El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, en conferencia de prensa, fue el encargado de dar a conocer la decisión del gobierno respecto a la norma, que promoverá el desarrollo en las poblaciones fronterizas y, especialmente, de la lucha que se emprenderá contra el contrabando.

La norma dispone la confiscación de los surtidores que se encuentran en un radio de 50 kilómetros en la frontera por lo que el Estado dispondrá el pago del justo precio por la inversión que hayan efectuado sus propietarios.

La Agencia de Hidrocarburos y la Administración de Exploración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), estarán encargados de llevar adelante estas acciones y serán acompañadas por disposiciones penales para que ésta lucha sea efectiva.

“Se han incorporado delitos, se han remozado delitos, para que esta lucha sea efectiva y no quede en el discurso y lirismo. Se va a penalizar el almacenaje, la comercialización y compra ilegal de gasolinas, diesel y gas licuado. La sanción para quienes incurran en este delito será de tres a seis años de detención”, afirmó.

En tanto que quienes adquieran esos mismos bienes recibirán una sanción de dos a cuatro años de reclusión agravándose si la persona cumple las dos cualidades, es decir, que compre y comercialice con combustibles.

Aquellas autoridades, en función pública, que faciliten el contrabando tendrán una pena de entre cinco y diez años.

En tanto que en el Código Tributario se incluye el delito de contrabando de exportación, tomándose medidas adicionales en materia aduanera para evitar que haya una exportación indebida de productos que estén prohibidas en su exportación./ ERBOL