El aumento de precios en los principales carburantes, en hasta un 75 por ciento, de diciembre del año pasado, medida calificada como “gasolinazo” y que fue revertida de inmediato por el Gobierno, se originó en la crisis fiscal y de producción de hidrocarburos, afirma una investigación realizada por los economistas Carlos Arze, Juan Luis Espada, Juan Carlos Guzmán y Pablo Poveda.

El informe, difundido por el Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), sostiene que “la decisión gubernamental de elevar el precio de los combustibles para el mercado interno a través de modificaciones en la alícuota del IEHD no fue una acción irreflexiva, sino una medida consecuente con las prioridades de su política económica”.
“El momento en que se dictó el “gasolinazo” y la magnitud de la medida fueron determinados por la delicada situación de las finanzas fiscales y del sector hidrocarburífero”, afirma.
Recuerda que el crecimiento económico entre 2006 y 2009 ha estado basado esencialmente en las condiciones excepcionales del mercado internacional de materias primas, pero la dinámica de los sectores extractivos no fue regular pues las elevadas cotizaciones internacionales no se tradujeron en el incremento de volúmenes producidos debido a la escasa inversión.
Explica que el aprovechamiento de las rentas provenientes de la explotación de recursos naturales por parte del Gobierno se tradujo en el aumento del gasto fiscal corriente, especialmente mediante la otorgación de subsidios y la ampliación del empleo burocrático del Estado, lo que repercutió en el estímulo de la demanda interna, a lo que se sumó el flujo de remesas transferidas desde el exterior por trabajadores bolivianos migrantes.
“La consecuencia de la elevación inusitada de la liquidez monetaria fue la reanimación de eventos inflacionarios cada vez más fuertes, debido a la debilidad de la capacidad productiva de varios sectores económicos para responder a una demanda incrementada y a la creciente importación de productos que traían consigo presiones inflacionarias del exterior”.
También se observa el hecho de que la orientación de la política fiscal apoya la construcción de infraestructura caminera y de desarrollo urbano, pero ha dejado de lado la producción agropecuaria e industrial.
“La política oficial optó por el incremento de la importación de bienes de consumo para paliar la escasez interna y combatir la inflación, aunque a costa de elevar el gasto público y desincentivar la producción interna”, afirma.
GASTO PÚBLICO
Agrega que desde la perspectiva fiscal, puede evidenciarse que la administración central está enfrentando paulatinamente mayores dificultades de financiamiento, debido a la tendencia ascendente del gasto público y a los requerimientos de la implementación de las autonomías.
Agrega, debido a problemas de eficiencia y capacidad de gasto de las entidades públicas, tanto a nivel nacional como de los gobiernos subnacionales, se ha producido una acumulación de recursos en las cuentas bancarias de las mismas que, adicionalmente, contribuye a engrosar el monto de las reservas internacionales.
Recuerda que el presupuesto fiscal de este año prevé un déficit de más de seis mil millones de bolivianos (874 millones de dólares), de los que un 70 por ciento será financiado con recursos externos.
En ese marco, el gasolinazo podría haber proporcionado nuevos y extraordinarios ingresos”.
Sostiene que además el balance de cinco años de gobierno es que “la producción de petróleo ha disminuido y la de gas natural no ha aumentado, la industrialización está tan o más lejana que en 2005 y la magnitud de las reservas de hidrocarburos es un tercio de lo que se creía”.
Explican la escasez relativa de combustibles para el consumo interno en el alza extraordinaria de la demanda, la declinación física de los reservorios petroleros, la ausencia de inversiones, la elevada ineficiencia en el uso de la energía y la expansión de actividades especulativas.
El informe recuerda que el Gobierno aduce que la ausencia de inversiones se debe a la falta de rentabilidad para las operadoras extranjeras al estar congelado el precio del petróleo en el país, por lo que correspondería nivelarlo al precio internacional.
La investigación contradice las versiones del Gobierno sobre la magnitud del subsidio, que no podría superar los 222 millones de dólares para el año 2010, es decir, un 52 por ciento del monto anunciado por el Gobierno.
INGRESOS ESTANCADOS
Los ingresos del país tienden a estancarse, según una investigación de cuatro economistas del CEDLA que recuerdan que los ingresos por hidrocarburos, el año 2009 significaron el 49 por ciento del total en tanto que los ingresos tributarios fueron de 36 por ciento.
Desde hace tres años el Estado enfrenta un escenario que no muestra grandes cambios en términos de recaudación tributaria, lo que estaría justificando que el Gobierno piense en la aplicación de medidas de ajuste fiscal, ya sea atacando algunos gastos o perfilando medidas destinadas a la obtención de recursos adicionales.
RENTA POR HIDROCARBUROS
En el caso de la renta de hidrocarburos IEHD los ingresos registran una disminución desde 2009, explicada por una caída de los ingresos por concepto de IVA/IUE que son captados en el sector. En la gestión 2009 un tercio de la recaudación se realizó en valores fiscales. Entre 2008 y 2009 hubo una disminución del 19 por ciento en la recaudación, en tanto que para 2010 hubo un aumento del 2 por ciento .
ELEVAR RECAUDACIONES ERA EL FIN
La modificación en los valores de las alícuotas del IEHD, que acabarían “nivelando” los precios internos con los del extranjero, permitiría al Estado elevar su participación en el precio de los combustibles, bajo la forma de tributos, de un 63 por ciento a un 80 por ciento
“Un cambio de este orden elevaría las recaudaciones, sólo por el impuesto especial, de poco más de 300 millones de dólares a más de 1.600 millones, concediéndole un amplio margen para dar continuidad a sus políticas y, principalmente, para financiar el déficit fiscal previsto en el presupuesto nacional”.
De esos ingresos extraordinarios, se había previsto utilizar $us 511 millones (un tercio de la nueva recaudación), para paliar los efectos en algunos sectores sociales. Se recuerda que el Gobierno, entre sus argumentos de justificación del gasolinazo, mencionó que el Estado compra el barril de petróleo a las empresas que operan en el país, en 27 dólares, cuando el precio internacional estaba en 90 dólares, por lo que con los nuevos precios se buscaba incentivar la exploración y producción por parte de esas empresas.
EL GASTO PÚBLICO CRECE EN FORMA SOSTENIDA DESDE EL 2005 Y EL AÑO PASADO LLEGÓ A 76 POR CIENTO
El gasto público registra una tendencia ascendente sostenida, ubicándose en 76 por ciento los egresos corrientes el año pasado, señala un estudio de cuatro investigadores del CEDLA.
Recuerda que el gasto está compuesto esencialmente por egresos corrientes. En el año 2005 ese grupo representaba el 70 por ciento del gasto total, participación que muestra un ligero aumento en 2009, alcanzando el 71 por ciento , pero para 2010 aumenta hasta el 76 por ciento .
En el caso de los egresos de capital, si bien se observa desde 2005 una marcada tendencia ascendente, vemos que su participación en el gasto total ha disminuido: en 2005 representaba el 30 por ciento del gasto total, en 2009, el 28,6 por ciento y en 2010 constituía el 24 por ciento. Como puede verse, desde 2010 se verifica un incremento en el gasto corriente, mientras que el gasto de capital registra una tasa de crecimiento negativa.
Lo anterior muestra que la presión sobre el balance fiscal está claramente vinculada al gasto corriente, dice el estudio. Detalla que el gasto en servicios personales no deja de ser uno de los principales factores de inflexibilidad del gasto ya que registra un comportamiento ascendente. Las remuneraciones se concentran en educación y resto del Gobierno central, con la particularidad de que en 2007, 2008 y 2009 las remuneraciones aumentaron a un ritmo mayor que las remuneraciones en el sector educativo.
SALARIOS
También se destaca que las remuneraciones en las empresas tienen una participación mayor desde 2007. En ese año se destinó a este grupo la suma de 540 millones de bolivianos, en 2009 fue de 820 millones, cifra menor en 50 millones que la destinada al sector salud.
En cifras globales, en 2008 se destinó 11.060 millones de bolivianos a remuneraciones (1.580 millones de dólares) y en 2009, 12.824 millones de bolivianos (1.832 millones de dólares).
El otro grupo es el de gasto en Bienes y Servicios (Bs. y Ss.), que se constituye en el principal gasto desde el año 2007, hecho que se explica por las operaciones de comercialización al mayoreo de YPFB (compra de hidrocarburos a las empresas petroleras). Por esas operaciones se habría ejecutado la suma de 8.161 millones de bolivianos, es decir el 66 por ciento de lo que se registró en la partida de Bienes y Servicios en 2007. A ello se añaden, aunque no con la misma magnitud, los gastos que el Estado asumió en las empresas de Huanuni y Vinto por un monto de 858 millones de bolivianos.
En cifras globales, en 2009 se ejecutó la suma de 14.871 millones de bolivianos, equivalente a 2.124 millones de dólares, y en 2010, 18.736 millones de bolivianos, es decir, $us 2.676 millones.
El tercer grupo de gastos es el de las transferencias corrientes. En el año 2009 en este grupo se habría ejecutado la suma de 7.644 millones de bolivianos; más de la mitad de este monto se explica por el pago de pensiones y el resto, por transferencias al sector privado.
EL SUPERÁVIT PERMANENTE OCULTA UN DÉFICIT SOSTENIDO
El superávit permanente que oficialmente se registra en las cuentas nacionales y que ha sido destacado incluso por el Fondo Monetario Internacional, encubre un déficit creciente en la administración del Gobierno central, revela un estudio realizado por cuatro investigadores del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Recuerda que el año 2010 Bolivia registró un superávit del 2 por ciento , que se constituyó en la quinta gestión con balance fiscal favorable de manera continua.
Se explica que el superávit fiscal de los primeros años se debió a los extraordinarios ingresos fiscales captados por la renta de hidrocarburos, hecho que fue reforzado por un aumento en el resto de los ingresos tributarios. Posteriormente, este balance fiscal positivo, además de explicarse por la mayor disponibilidad de ingresos públicos, también se debió a la baja ejecución en el gasto fiscal.
Según cifras oficiales, en la gestión 2007 se acumuló en las cuentas fiscales de las entidades del sector público la suma de 9.190 millones de bolivianos, en tanto que en 2010 esa cifra subió a 13.827 millones de bolivianos.
Hasta aquí las cifras evidencian, en términos del balance general de las finanzas públicas, una holgura fiscal que ha sido resaltada por organismos internacionales como el FMI, dice la investigación.
Explica que el superávit fiscal se compone del balance fiscal de dos grupos de instituciones del sector público: por un lado está el Gobierno general y, por el otro, las empresas públicas.
Sobre el Gobierno general se señala que en el período 2006- 2010, registró déficit durante los últimos tres años, destacándose el año 2009, con un desbalance de 1.394 millones de bolivianos que repercutirá en un leve monto merced al superávit de las empresas públicas.
Agrega que el Gobierno general se compone de cuatro subgrupos: el Gobierno central, las gobernaciones, los gobiernos municipales y la seguridad social. Dentro de este conjunto, se aprecia que el Gobierno central tuvo déficit durante los tres últimos años./PLATAFORMA ENERGÉTICA