El documento establece en su artículo 156 la creación del Fondo de
Incentivo Petrolero (FIP) destinado a incrementar la retribución a las
empresas que produzcan petróleo. Y se dispone que “si de acuerdo a la
política del Estado, el precio de referencia del petróleo es menor al
Precio de Paridad de Exportación de dicho hidrocarburo, el FIP será
financiado por el TGE”.
El Precio de Paridad de Exportación, explica el especialista Guillermo
Torres, es el precio internacional del barril de crudo en el mercado
bursátil West Texas Intermediate (WTI, en inglés), menos todos los
gastos que se hacen para llevarlo al punto de venta. Por ejemplo, si el
precio WTI bordea los 100 dólares -como ahora- y suponiendo que los
gastos de transporte, pago de tarifas de almacenaje, derechos
portuarios, mermas y otros cuesten al menos 15 dólares por cada barril
WTI, entonces el precio de paridad llegaría a 85 dólares.
Entonces, el mencionado artículo significa que “si el precio del
petróleo en el mercado interno es menor a 85 dólares -como sucede en la
actualidad, porque el precio referencial del crudo en Bolivia es de
27,11 dólares-, hay una diferencia clara entre 85 y 27,11 (57,89
dólares); ése es el margen que quiere pagar el Estado a las petroleras a
manera de incentivo”, dice Torres.
Para el analista Hugo De la Fuente, “se trata de hacer que las
petroleras inviertan en aumentar la producción de petróleo, ya que hoy
en vez de venderlo en 100 dólares, como en el mercado internacional (el
precio WTI), lo tienen que vender en el mercado interno a 27 dólares y
por esta razón ninguna empresa quiere invertir en más pozos, porque les
genera pérdidas o la retribución es mínima”.
En su criterio, este incentivo permitiría que las empresas aumenten su
producción de manera que haya más crudo para ser procesado en las
refinerías bolivianas, lo cual aumentaría el volumen obtenido de diésel,
gasolina y Gas Licuado de Petróleo en el país y se lograría abastecer
el mercado interno para dejar de importar carburantes.
Sin embargo, en opinión de Torres, si en la ley se aprueba un artículo
así “el Gobierno, en una mala política, estará reconociendo que está
entrando en pánico porque las empresas lo tienen acosado y no van a
hacer exploración si no les mejoran el precio en el mercado interno”.
Además, si el precio WTI subiera más en el mercado internacional, las
petroleras que operan en el país ganarían mucho más dinero “y de eso que
ganarían, no se les tiene que dar el 100%, eso se tiene que compartir
con el Estado, porque la subida de precios internacionales tiene que
beneficiar al Estado y a las petroleras, pero si les reconocen ese
incentivo, entonces se lo están dando todo a ellas”, precisa.
El anteproyecto de ley plantea otros dos escenarios para el
financiamiento del FIP. En el primero, si se establece un incremento de
los precios finales de los derivados de petróleo, que no implique un
aumento del precio de referencia del crudo, se incorporará en la cadena
de precios un margen para financiar el FIP.
Un tercer escenario implica que si hay un aumento “de los precios
finales de los derivados de petróleo, como resultado del incremento del
Impuesto Específico a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), el FIP
será financiado con recursos del incremento de dicho impuesto”.
