La Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG) solicitó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el respeto a la previa consulta, tal como establece la Constitución Política del Estado, antes de comenzar la construcción de la ampliación del gasoducto (GVT) Villamontes-Tarija Fase III.
Para demostrar que no tienen intenciones de trabar el proyecto por intereses económicos, insistieron en cobrar a YPFB Transportes por concepto de servidumbres de vía y de ductos, hecho que fue cuestionado anteriormente por ex autoridades del sector, quienes dijeron que el Estado boliviano no debe pagar por servidumbres cuando hace obras de interés público, en cuyo caso se debe aplicar el procedimiento expropiatorio reglado por la Constitución Política del Estado.
Pero la AGP insistió ayer en ir por la vía de las servidumbres y para ello incluso plantearon cobrar la suma de 100 bolivianos por la servidumbre de vía y de ductos, pero con la condición de que Yacimientos respete las normas de consulta.
El asesor de la APG, Marco Antonio Castrillo, el técnico de la APG, Henry Guardia, y el representante del directorio de la APG, Benildo Vaca, realizaron una conferencia de prensa ayer en horas de la mañana en la que desmintieron que su organización esté en contra de la ampliación del gasoducto.
“La APG no quiere perjudicar el desarrollo de Tarija, lo único que quiere es que se respete la ley con relación a la consulta previa a los pueblos indígenas-dijo Vaca- Es necesario sentarse a una mesa para aclarar la documentación en la que el Gobierno Nacional prohíbe negociar a la empresa Petrobras con la APG-Itika Guasu”.
Asimismo, desmintieron que la APG quiera cobrar 20 millones de dólares por el proyecto. Y para demostrar que no les interesa el dinero y la “mala fe” de YPFB, el pueblo Guaraní decidió que para la construcción de GVT sólo pedirá 100 bolivianos por las dos servidumbres, aunque no se pronunciaron respecto de su pedido anterior de 2.500 dólares por hectárea por año por concepto de servidumbre de ocupación ni del pago de indemnizaciones por obras.
“Lo que le interesa a la APG es que YPFB reconozca los derechos que tiene el pueblo guaraní en la TCO-mencionó Guardia-. La Constitución reconoce la existencia de los pueblos originarios y el derecho a decidir cómo vivir y qué hacer con su territorio. El derecho a ser consultados sobre su territorio y es obligación del Estado consultar antes de construir”.
Además reclamaron que fue el mismo Gobierno Nacional el que trabó el proyecto, ya que el Ministerio de Hidrocarburos prohibió la negociación entre la APG y la empresa Petrobras, lo cual imposibilitó el proceso de consulta.
“La justificación de YPFB es hacer cumplir un reglamento que está debajo de una sentencia constitucional, y embarraron la imagen de la APG para hacer creer que el pueblo guaraní se opone a un proyecto de importancia”.
De todas maneras, los dirigentes de la APG aseguraron que sus derechos no se negociarán y denunciaron que YPFB se negó a firmar un acuerdo con los pueblos indígenas para aprobar una agenda y cronograma de trabajo.
NIZKOR
Con relación a la Organización No Gubernamental Nizkor, el asesor de la APG comentó que se trata de un equipo que tiene su sede en Europa y que asesora a la APG  en los temas de derechos humanos.
“Esta organización logró procesar a criminales de guerra en Yugoslavia y de la Segunda Guerra Mundial-afirmó Castrillo- Hoy asesora a la APG en la lucha por sus derechos indígenas”
Cuando se le consultó si recibía dinero de los fondos de la APG, no precisaron si realmente lo hacía, pero el técnico de la APG indicó que la Nizkor no maneja el dinero proveniente de un Fondo de Inversión pagado por Repsol YPF que viabilizó las obras de ampliación de la Planta Margarita, cuyo gas se exporta a Argentina, y por el contrario el pueblo guaraní maneja sus propios recursos en un fondo  de 14.8 millones de dólares.

Beltrán: “dirigentes y asesores crean conflicto”
Daniel Andrés Rodríguez/Tarija

El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Dino Beltrán, afirmó que no es el pueblo guaraní el que genera el conflicto, sino son los directivos y asesores de la APG los que direccionan el retraso del departamento y no buscan una alternativa de solución.
En este sentido, Beltrán dijo que para que exista la habilitación del gasoducto, la APG  oficialmente tiene que aceptar la carta que envió el Ministerio de Hidrocarburos para iniciar la consulta y participación.
“Ese es el primer punto del procedimiento, luego se determina  los daños medio ambientales, las compensaciones, los requerimientos y necesidades del sector”.
En caso que la APG acepte la consulta, la Gobernación emitirá la licencia ambiental en 15 días, e inmediatamente se empezará a construir el gasoducto. En caso de que no haya acercamiento entre el Gobierno Nacional y la APG, aseguró que la Gobernación convocará a una audiencia con todas las bases de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas del sector para socializar el proyecto y tomar acciones inmediatas para no permitir la crisis energética.


LOS DATOS
•    El Ministerio de Hidrocarburos prohibió la negociación entre la APG y Petrobras
•    Nizkor es un equipo de Europa de derechos humanos que asesora a la APG. / EL NACIONAL