Aldo Ortiz, fiscal a cargo del caso,
explicó este miércoles que tanto Ramírez como los demás implicados
conocerán en 15 días el veredicto que debe dictar el juez, una vez que
se cumplieron las diversas fases procesales, faltando los alegatos
conclusivos de ambas partes.
"Esperamos una sentencia condenatoria
porque hemos demostrado la comisión de delitos, el grado de
participación, las ilegalidades en la firma del contrato, los beneficios
que recibieron varias personas para que se firme el contrato para la
construcción de la planta de gas", dijo Ortiz.
Por su parte Ramírez, insistió en su
inocencia, y mostró su confianza en que finalmente se dicte una
sentencia justa, por lo que pidió una “decisión imparcial del Tribunal
de Sentencia en el marco de la Constitución y las leyes".
Ramírez se encuentra a punto de
cumplir tres años con detención preventiva y sin sentencia, desde que en
marzo de 2009 se lo imputara formalmente por el caso Catler-
Uniservice. El ex presidente de YPFB, había ocupado antes de estas
acusaciones altos cargos en el oficialismo, fue presidente del Senado en
2006 y era considerado uno de los hombres más cercanos a Evo Morales.
La querella es contra 12 imputados:
Santos Ramírez, Agustín Tomas Melano, Miguel O’Connor D’Arlach, Luis
Fernando Córdoba Santivañez, Javier René Navia Doria Medina, Giovanna
Navia Doria Medina, Esther Carmona Nogales, José Daniel Álvarez Gantier,
Julio Anagua Chumacero, Muricio Ochoa Urioste, Marco Antonio Vega del
Carpio y Misael Gemio Jordán.
Los delitos que se persiguen son: conducta antieconómica,
incumplimiento de contrato, uso indebido de influencias, asociación
delictuosa, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado,
cohecho activo y pasivo.
El Estado, a través de YPFB y Catler
Uniservice habían firmado un contrato por 45 millones de dólares para la
construcción de una planta de separación de líquidos en la localidad
cruceña de Río Grande, para ello se abrió una cartera de crédito en el
Banco Unión, de donde se sacaban los fondos de manera periódica y de
acuerdo a lo establecido en el contrato.
Jorge O’ Connor principal
representante de Catler fue atracado y asesinado en enero de 2009 cuando
portaba 450 mil dólares, que eran parte del crédito depositado en el
Banco Unión, y que supuestamente debían ser entregados como coima al ex
presidente de YPFB, a través de terceras personas, parientes políticos y
colaboradores cercanos. Este crimen destapó el que es el considerado
uno de los más grandes hechos de corrupción de los últimos años.
Santos Ramírez, dio la
orden de pago a favor de la empresa estadounidense Gulsby Process
Systems por un valor de 13.208.750 dólares y a la empresa Uniservice
3.300.000 dólares. Actualmente, la estatal petrolera espera un
resarcimiento por un monto de 16.508.750 dólares, de los cuales se
habrían recuperado 10.000.000. de dólares./ FIDES
