El Gobierno y los departamentos de Tarija y Chuquisaca se ‘atrincheran’ en sus posiciones y no hay miras de solución al conflicto del campo Margarita.
Si bien el Gobierno Nacional se compromete a anular el procedimiento de contratación si es que en las vías administrativas y judiciales se demuestran los vicios de nulidad por parte de Tarija, los cívicos de esta región afirman que ya presentaron las pruebas, además que cursa una demanda en la Fiscalía contra el presidente de YPFB, Carlos Villegas, y el ministro de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez.
La jornada de domingo en la capital del departamento de Tarija fue más distendida y menos rigurosa en el control de los puntos de bloqueo, ya que las brigadas de control permitieron que la gente se desplace en sus vehículos y hasta se volvió a abrir el aeropuerto Oriel Lea Plaza para las operaciones de vuelos comerciales como los de la línea aérea BOA, que trajo y llevó pasajeros a Cochabamba y Santa Cruz.
Según el presidente del Comité Cívico de Tarija, Walter Mogro, los resultados conseguidos hasta el momento en la defensa del megacampo Margarita son mínimos, por lo que este lunes habrá una reunión en el municipio de Entre Ríos para definir el endurecimiento de las medidas de presión. 
“Vamos a dar una lección de unidad con medidas más duras y radicales para sensibilizar al Gobierno”, advirtió Mogro.
Los dirigentes de la Federación Departamental de Campesinos son los más radicales en su posición de defensa y han advertido que a partir de este martes podría iniciarse una huelga general indefinida en todas las provincias y municipios del departamento.
A pesar de que ayer retornó la delegación que viajó el sábado a Cochabamba, presidida por el gobernador interino, Lino Condori,  y se realizó una reunión interna de evaluación, el Comité Multisectorial definió que las medidas de presión seguirán hasta lograr que el Gobierno, a través de YPFB, desista de contratar a la empresa para que haga el estudio sobre la ubicación de los campos Margarita y Huacaya.
Por su lado, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, Porfidio Llanqui, advirtió que si hasta mañana YPFB no firma el contrato con la empresa que eligió para determinar la existencia o no de campos compartidos entre Chuquisaca y Tarija, la región iniciará una acción legal para hacer respetar sus derechos.
En tanto, el Gobierno espera los documentos de ambas regiones para que se ‘reactive’ el diálogo.


El Chaco está firme
En una reunión realizada al mediodía de ayer, en las dependencias cívicas de Yacuiba, con la presencia del presidente del Concejo Municipal, Jorge Arias, y el presidente de la entidad cívica, Ruddy Pantaleón, comisionados para estar presentes en la reunión realizada en Cochabamba, se informó de que una vez analizada la propuesta gubernamental
la región aclaró que en ningún momento se han opuesto a que se haga un estudio técnico y científico, pero siempre y cuando sea transparente y no como el que lleva a cabo YPFB.
Ante esa situación, ratificó que el paro continúa firme, con mayor fuerza y reforzado por otras asociaciones que van sumándose a la medida./ Carlos Ignacio Soliz


El lío puede resolverse con otra ley
Boris Gómez U./ Consultor
Como no han logrado redactar, deliberar ni menos aprobar una nueva ley de hidrocarburos, en seis años de administración estatal, no sólo se vinieron abajo las inversiones externas sino que también aparecieron problemas referidos a campos conectados, distribución y redistribución de regalías e IDH y una serie de temas que podrían evitarse con una nueva ley.
A mi entender, no existe conflicto entre Chuquisaca y Tarija. Todo lo contrario, la incapacidad de los dirigentes del Estado central ha ocasionado este impasse respecto del campo Margarita.
Se debe dejar claramente establecido que por regla de la Constitución, las regalías no pueden ser negociadas ni ‘pactadas’; adicionalmente, Margarita fue desarrollado (explorado y explotado) y generó regalías antes del ingreso en vigencia de la Ley de Hidrocarburos 3058, misma que para efectos actuales no puede aplicarse en retroactivo nada menos que para modificar el status legal del campo.
Con relación a la selección de la compañía consultora a cargo del estudio estructural geológico del campo, este debe empezarse de cero. No corre apuro. /EL DEBER