La ampliación del Gasoducto Villa Montes - Tarija, que depende de la emisión de una licencia ambiental y ésta, a su vez, de que se realice la consulta previa a la población guaraní de la zona Itika Guasu, sigue sin fecha de conclusión, por lo que los temores de racionamientos se acentúan. La reunión preparatoria a la consulta previa, programada para hoy en Entre Ríos, no se realizará, puesto que los dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG), asesorados por la ONG Nizkor, calificando las actuaciones del Ministerio de Hidrocarburos como de “mala fe”, decidieron no asistir a la convocatoria.
Simultáneamente, técnicos consultados informaron que, para hacer prevalecer el interés general, se estaría trabajando en modificaciones a las normas vigentes actualmente en relación a las consultas públicas, de modo que la oposición de los dirigentes y los asesores extranjeros, que están frenando varios proyectos de inversión para masificar el uso del gas y sus derivados al interior de Bolivia, no perjudique el desarrollo general.

APG IG AL MHE: ACTÚA DE MALA FE SISTEMÁTICAMENTE
La carta  de la APG IG enviada el 7 de febrero a María Cristina Arellano de Franck, autoridad ambiental del Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), a tiempo de acusar a las autoridades de esta cartera de Estado de actuar de “mala fe” porque, dicen, pretenden forzar el desconocimiento de acuerdos que ésta arribó con la ex Tranredes, así como su derecho a veto reconocido en la Sentencia Constitucional 2003/2010-R, pronunciada en un caso relacionado a la refacción de un campamento del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) en 2008, rechazan someterse al proceso de consulta.
El documento, que está firmado por Never Barrientos, Florentino Zeballos Orquera, Fernando Cuellar Oanda, Zacarías Cuellar Oanda, Gregorio Barrientos Camacho, Benildo Vaca y Angela Yangüe Manuel, exige a las autoridades del MHE que las negociaciones de la APG IG respecto de las obras que debe realizar YPFB Transportes sólo se haga con ésta empresa.
Asimismo, exigen a las autoridades del MHE cumplir las determinaciones de la Sentencia Constitucional 2003/2010-R, que es el resultado de la revisión de una resolución de Amparo Constitucional respecto de la oposición de los guaraníes a que el Sedeca construya refacciones a un campamento de su propiedad ubicado en un área habitada por los guaraníes.
El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Tarija (Caincotar), Víctor Fernández, dijo que “todo vuelve a cero ya que con esto se dificulta el que se pueda cumplir con los plazos establecidos para llevar adelante el proyecto en su fase II”.
La jefa de la Unidad de Prevención y Control Socioambiental del MHE, Lourdes Calla, acompañada del técnico de consulta Felipe Calisaya, señaló que mañana estarán Entre Ríos para sostener una reunión previa al proceso de consulta con los dirigentes de la APG IG.

CONSULTA NO TIENE FECHA
La carta de la APG IG es una respuesta a la convocatoria a una reunión preparatoria que debió realizarse en Santa Cruz ayer. Como la misma no fue respondida, ayer mismo otra autoridad del MHE, el  viceministro Franklin Molina Ortiz, convocó para hoy en Entre Ríos a una reunión preliminar, la cual no se realizaría dada la postura anunciada por la APG IG, que insiste sólo en negociar con YPFB Transportes el pago de “servidumbres”.
Arellano dijo que en caso de que no se pueda concretar el proceso de consulta y la obtención de la licencia ambiental, “se podría generar en el departamento de Tarija un desequilibrio energético”. “Es un problema, consideramos que se perjudica la dotación de energía y a la población tarijeña”, indicó.

“LOS DE LA APG
NO PUEDEN HABLAR”
El País, en su objetivo de tener la versión indígena,  hizo una llamada ayer al celular del vicepresidente de la APG IG, Florentino Zeballos, pero contestó otra persona, quien no se identificó pero manifestó ser guaraní, y dijo que “ninguno está autorizado a hablar y menos con los medios de comunicación”, y luego cortó la llamada./ EL PAIS - TARIJA