A través de una carta el ministro de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, ministro de Gobierno, Carlos Romero y el ministro de
Hidrocarburos, Juan José Sosa, dieron a conocer los mecanismos legales
que la Gobernación debe usar para realizar el estudio paralelo, al que
realizará Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sobre el
campo Margarita. El mismo que determinará si el reservorio es o no
compartido con Chuquisaca.
La Comisión Multisectorial recibió, la noche del martes 31 de enero,
la nota del Gobierno Nacional y la hizo conocer a los miembros. Sin
embargo, hoy la analizará y emitirá una respuesta al Poder Ejecutivo.
Según
la nota firmada por Quintana, Romero y Sosa, la Gobernación de Tarija
se debe basar en tres normas nacionales para validar el estudio paralelo
del campo Margarita.
Primero en el Decreto Supremo 0181 de
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,
donde se establecen principios, normas y condiciones que regulan la
contratación de bienes y servicios de las entidades públicas.
Por
otra parte, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, al ser una
entidad territorial autónoma, se rige por las normas de gestión pública,
y una de ellas es la establecida en el Parágrafo 1 del artículo 133 de
la Ley Marco de Autonomías.
Dicho artículo dice: Los acuerdos
intergubernativos destinados al desarrollo para el ejercicio coordinado
de sus competencias y la implementación conjunta de programas y
proyectos podrán suscribirse entre entidades territoriales autónomas o
entre éstas con el nivel central del Estado. Estos acuerdos serán
vinculantes para las partes con fuerza de ley, una vez ratificados por
sus respectivos órganos deliberativos.
“Considerando ambos
antecedentes, se establece que la Gobernación de Tarija cuenta con la
normativa pertinente para realizar en el área de su competencia el
proceso de contratación de la empresa consultora que efectúe los
estudios de conectividad de los campos Margarita y Huacaya”, dice la
nota enviada por las autoridades nacional.
Pero además indica que
ese proceso debe regirse al Reglamento para Campos Compartidos entre
dos o más Departamentos y los términos de referencia del Documento Base
de Contratación (DBC) elaborados por YPFB.
En ese sentido, los
ministros conminaron a la Comisión Multisectorial conformar un equipo
técnico para proceder, como se acordó en Santa Cruz, a enriquecer el
Reglamento de Campos Compartidos.
Hoy se enviará una respuesta
Luego
de recibir la nota, la Comisión Multisectorial se reunió en el
rectorado de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS).
Alberto
Valdez, miembro de esa instancia, explicó que hoy miércoles se volverán
a reunir para analizar en detalle la respuesta del Gobierno. Por esa
razón no quisieron emitir un criterio adelantado.
“Hay
perspectivas de poder avanzar—dijo Valdez—pero hoy la analizaremos legal
y técnicamente. Si no nos convence, pues veremos la respuesta que
daremos al Gobierno. Lo importante es que ya tenemos un documento para
sustentar la propuesta de que Tarija tenga su propio estudio”.
Por
otra parte, cabe recordar que el Gobernador, Lino Condori y el
secretario de Hidrocarburos y Energía, Dino Beltrán, viajaron a la
ciudad de La Paz para reunirse con autoridades nacionales y gestionar
una ley o decreto que de viabilidad al estudio paralelo sobre el campo
Margarita.
Se intentó conocer los avances de esa reunión. Sin
embargo, ninguna de las autoridades mencionadas contestó el teléfono
celular, pese a la insistencia. Desde la dirección de Comunicación se
indicó que, por órdenes superiores, la voz oficial la tendrá el
Gobierno Nacional.
Surgen más críticas al acuerdo
NATALIA SEAS/TARIJA
Pasaron
seis días desde que se firmó el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la
Comisión Multisectorial, sin embargo, las críticas en torno al
documento siguen sumando.
El diputado chaqueño Wilman Cardozo
llegó a la capital para calificar el acuerdo como “una tragedia griega”.
Recordó que el mandato de la población, que cumplió 8 días de paro, era
foja cero y no así un estudio paralelo.
“Hubo 3 o 4 personajes que impulsaban el acuerdo—dijo sin mencionar nombres—son autoridades de la capital chapaca”
Mientras
que Adrián Oliva indicó que continuará con la impugnación ante el
Tribunal Constitucional. “No se puede dar por bien hecho la actuación de
autoridades—recalcó—que son cómplices para favorecer a un Gobierno y
otro departamento”.
Mientras que el ex presidente cívico, Jorge
Lema, consideró que el tema se trató política y no técnicamente.
Situación que derivó en la renuncia de Oscar Lazcano y Daniel Centeno.
“Los
que pretendían ser candidatos a la Gobernación no conseguirán un solo
voto—dijo—y nosotros nos encargaremos de eso porque se hizo un daño a
Tarija”.
Ante las críticas, hay quienes aún defienden el trabajo
realizado en Santa Cruz. Ese el caso de Jhonny Torres y Luís Alfaro.
Ambos calificaron de oportunistas a quienes hoy critican el acuerdo
“sólo por tener prensa”.
“No hubo equivocación de todos los
actores sino que se consiguió algo para Tarija, pero no fue el mejor”,
admitió el asambleísta Torres./ EL NACIONAL
