A través de una carta el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ministro de Gobierno, Carlos Romero y el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, dieron a conocer los mecanismos legales que la Gobernación debe usar para realizar el estudio paralelo, al que realizará Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sobre el campo Margarita. El mismo que determinará si el reservorio es o no compartido con Chuquisaca.

La Comisión Multisectorial recibió, la noche del martes 31 de enero, la nota del Gobierno Nacional y la hizo conocer a los miembros. Sin embargo, hoy la analizará y emitirá una respuesta al Poder Ejecutivo.

Según la nota firmada por Quintana, Romero y Sosa, la Gobernación de Tarija se debe basar en tres normas nacionales para validar el estudio paralelo del campo Margarita.

Primero en el Decreto Supremo 0181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, donde se establecen principios, normas y condiciones que regulan la contratación de bienes y servicios de las entidades públicas.

Por otra parte, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, al ser una entidad territorial autónoma, se rige por las normas de gestión pública, y una de ellas es la establecida en el Parágrafo 1 del artículo 133 de la Ley Marco de Autonomías.

Dicho artículo dice: Los acuerdos intergubernativos destinados al desarrollo para el ejercicio coordinado de sus  competencias y la implementación conjunta de programas y proyectos podrán suscribirse entre entidades territoriales autónomas o entre éstas con el nivel central del Estado. Estos acuerdos serán vinculantes para las partes con fuerza de ley, una vez ratificados por sus respectivos órganos deliberativos.

“Considerando ambos antecedentes, se establece que la Gobernación de Tarija cuenta con la normativa pertinente para realizar en el área de su competencia el proceso de contratación de la empresa consultora que efectúe los estudios de conectividad de los campos Margarita y Huacaya”, dice la nota enviada por las autoridades nacional.

Pero además indica que ese proceso debe regirse al Reglamento para Campos Compartidos entre dos o más Departamentos y los términos de referencia del Documento Base de Contratación (DBC) elaborados por  YPFB.

En ese sentido, los ministros conminaron a la Comisión Multisectorial conformar un equipo técnico para proceder, como se acordó en Santa Cruz, a enriquecer el Reglamento de Campos Compartidos.

Hoy se enviará una respuesta

Luego de recibir la nota, la Comisión Multisectorial se reunió en el rectorado de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS).

Alberto Valdez, miembro de esa instancia, explicó que hoy miércoles se volverán a reunir para analizar en detalle la respuesta del Gobierno. Por esa razón no quisieron emitir un criterio adelantado.

“Hay perspectivas de poder avanzar—dijo Valdez—pero hoy la analizaremos legal y técnicamente. Si no nos convence, pues veremos la respuesta que daremos al Gobierno. Lo importante es que ya tenemos un documento para sustentar la propuesta de que Tarija tenga su propio estudio”.

Por otra parte, cabe recordar que el Gobernador, Lino Condori y el secretario de Hidrocarburos y Energía, Dino Beltrán, viajaron a la ciudad de La Paz para reunirse con autoridades nacionales y gestionar una ley o decreto que de viabilidad al estudio paralelo sobre el campo Margarita.

Se intentó conocer los avances de esa reunión. Sin embargo, ninguna de las autoridades mencionadas contestó el teléfono celular, pese a la insistencia. Desde la dirección de Comunicación se indicó que, por órdenes superiores,  la voz oficial la tendrá el Gobierno Nacional.

Surgen más críticas al acuerdo

NATALIA SEAS/TARIJA

Pasaron seis días desde que se firmó el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Comisión Multisectorial, sin embargo, las críticas en torno al documento siguen sumando.

El diputado chaqueño Wilman Cardozo llegó a la capital para calificar el acuerdo como “una tragedia griega”. Recordó que el mandato de la población, que cumplió 8 días de paro, era foja cero y no así un estudio paralelo.

“Hubo 3 o 4 personajes que impulsaban el acuerdo—dijo sin mencionar  nombres—son autoridades de la capital chapaca”

Mientras que Adrián Oliva indicó que continuará con la impugnación ante el Tribunal Constitucional. “No se puede dar por bien hecho la actuación de autoridades—recalcó—que son cómplices para favorecer a un Gobierno y otro departamento”.

Mientras que el ex presidente cívico, Jorge Lema, consideró que el tema se trató política y no técnicamente. Situación que derivó en la renuncia de Oscar Lazcano y Daniel Centeno.

“Los que pretendían ser candidatos a la Gobernación no conseguirán un solo voto—dijo—y nosotros nos encargaremos de eso porque se hizo un daño a Tarija”.

Ante las críticas, hay quienes aún defienden el trabajo realizado en Santa Cruz. Ese el caso de Jhonny Torres y Luís Alfaro. Ambos calificaron de oportunistas a quienes hoy critican el acuerdo “sólo por tener prensa”.

“No hubo equivocación de todos los actores sino que se consiguió algo para Tarija, pero no fue el mejor”, admitió el asambleísta Torres./ EL NACIONAL