Intolerables contradicciones energéticas. Tarija, la proveedora de gas y petróleo que virtualmente “nada” en hidrocarburos, sufrirá racionamientos en el abastecimiento de gas para su industria, parque automotor y, posiblemente, gas domiciliario. El retraso en la construcción de la ampliación del Gasoducto Villa Montes - Tarija (GVT) es la causa. Por mucho que hoy mismo se obtenga la licencia ambiental luego de acordar con la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG), el retraso es tal que el racionamiento es inminente e inevitable.
El gobierno, vía YPFB Transportes y el Ministerio de Hidrocarburos, convocaron anteriormente a cinco reuniones para efectuar la consulta pública a la APG IG respecto de un tramo de 7,5 kilómetros de gasoducto que atravesará por el área reconocida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), como zona indígena. El gasoducto se construye desde Villa Montes hasta Tarija, pasando por Entre Ríos, y tiene una longitud mayor a 180 kilómetros.
La APG IG rechazó sistemáticamente las consultas y prefirió negociar un contrato con YPFB Transportes bajo condiciones de “confidecialidad”, según un documento enviado por Gregorio Dionis a esa empresa en marzo de 2011. En el mismo exige el pago de servidumbres de vía, de ducto y de ocupación, así como indemnizaciones. La suma de esas exigencias, según denuncias de autoridades nacionales, superaba los 20 millones de dólares.
En semanas anteriores, luego de años de gestión, los dirigentes de la APG IG anunciaron que no se oponen a la construcción del gasoducto, negaron haber exigido esa cifra y anunciaron que están dispuestos a cobrar la simbólica suma de 100 bolivianos por las servidumbres. Analistas consultados dijeron que no corresponde el pago de servidumbres al Estado boliviano cuando va a utilizar porciones de su territorio para obras públicas. “Lo que corresponde es la expropiación”, explicaron.
En contraposición, la misma APG IG, asesorada por la ONG Nizkor, cerró en diciembre de 2010 un trato con la empresa transnacional Repsol YPF, para permitirle construir las obras de ampliación de la planta Margarita, de modo que se garantice la exportación de gas a la Argentina. Repsol está interesada en maximizar las exportaciones de gas porque recibe un precio mayor (más de 10 dólares por millón de BTU) que si destinara gas al mercado nacional, por el que recibe un precio cuatro veces menor. La APG IG/Nizkor suscribió un contrato con Repsol para que ésta les pague un Fondo de Inversión de 14,8 millones de dólares que lo administra el Banco do Brasil. Autoridades bolivianas, pese a haberse hecho público este hecho, no han abierto la boca, pese a que, como ahora se constata, el racionamiento de gas en el mercado interno es inminente e inevitable, nada menos que en Tarija, el departamento que produce cerca del 80% de los hidrocarburos.

PLAN DE CONTINGENCIA
Confirmado como está el racionamiento de gas, hoy se reunirán varios sectores en las oficinas de la Cámara de Industria, Comercios y Servicios de Tarija (Caincotar) para elaborar un plan de contingencia ante el racionamiento en la provisión de gas natural en los próximos meses, especialmente en junio y julio, cuando existe una mayor demanda.
El racionamiento traerá consigo efectos multiplicadores, ya que los perjuicios no sólo serán económicos, sino también de producción, puesto que se limitará la apertura de nuevos emprendimientos industriales y comerciales que necesiten gas.
El gerente de la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas), Alejandro Gallardo, manifestó que, de cierta manera, ya se viene racionando el suministro de gas, puesto que no se está atendiendo las solicitudes de la categoría industrial para ampliar el consumo ni se atiende la apertura de nuevas, al igual que con las estaciones de servicio. “Hoy, a las cinco de la tarde, se reúnen el autotransporte, las estaciones de servicio, Emtagas y Caincotar para tratar dos puntos: el de tomar acciones para lograr que se realice la ampliación del gasoducto Villa Montes – Tarija y la elaboración previa de un plan de contingencia para el racionamiento”, indicó.
Posteriormente, para el viernes 10 de febrero, se tiene previsto una reunión con todos los sectores que se vean perjudicados por el retraso del proyecto de ampliación, en las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en donde se oficializará el plan de contingencia a detalle.
El presidente de la Asociación de Surtidores (Asosur), Adrián Villanueva, lamento que aunque se consiga la licencia ambiental en estos días, de igual manera se tendrá que proseguir con el racionamiento del gas en todo el departamento, ya que “el proyecto tiene un retraso considerable por lo que se demoraría aproximadamente unos ocho meses para concluirlo”. “Solicitaremos que el racionamiento se realice de manera igualitaria entre todos los sectores y que no se permita la apertura de nuevas estaciones de servicio ni de nuevas industrias, además, se pedirá al Gobierno Departamental que se paralice el programa de conversión vehicular, para evitar mayores problemas con el abastecimiento del gas natural”, anticipó.
Villanueva confirmó que los surtidores ya se encuentran afectados en el abastecimiento de gas, ya que en ocasiones no se cuenta con la presión necesaria para comprimir el gas natural para convertirlo en gas vehicular. “Están afectados los equipos de las estaciones de servicio por el problema del ducto”, afirmó.
Al disminuir el cupo de gas en las estaciones de servicio, los choferes tendrán que trabajar con gasolina, por lo que tendrán que invertir más dinero en combustible lo que hará que se suban los precios de las tarifas del autotransporte, a su vez se provocará que el comercio, los productores y otros sectores tengan que elevar el precio de sus productos, “específicamente en el caso de los mercados los precios necesariamente tendrán que elevarse, afectando el bolsillo de la población”.
El presidente de la Cámara de la Construcción (Cadeco), Ahuber Succi, manifestó que, solamente en el caso de la industria cementera, al disminuirle el volumen de gas en el abastecimiento llegaría a producir menos, por lo que en los mercados ya se verían los elevados precios del cemento. “Lo mismo ocurrirá con las cerámicas y las industrias en general, que al producir en menor cantidad suben los precios y también afectará a las empresas constructoras que serán desabastecidas de materiales de construcción por lo que tendrán que paralizar trabajos”, indicó.
Succi solicitó a las autoridades nacionales que “así como se empeñan en llevar adelante la construcción de una carretera, también se lo haga con el tema de los hidrocarburos”, refiriéndose específicamente a la ampliación del GVT. 
La industria es la mayor consumidora de gas natural en el departamento, alcanzando a un ochenta por ciento,  entre las que la empresa cementera es la mayor.  A las estaciones de servicio el racionamiento les afectaría con un recorte del 30 al 35 por ciento de la provisión./ EL PAIS (TARIJA)