El racionamiento de gas en Tarija no parece ser la única contradicción en los resultados que muestra la política energética del gobierno del MAS. A ella se suma que Bolivia sigue importando GLP, diesel y gasolinas a precios internacionales para abastecer el mercado interno a precios subsidiados y, simultáneamente, vende a Brasil y Argentina, junto al torrente de gas, GLP y gasolinas a valores casi de regalo.
La planta separadora de líquidos de Río Grande, que el año 2009 debió estar funcionando para extraer el GLP y las gasolinas del gas exportado a Brasil, cuya construcción estaba encargada al consorcio Catler/Uniservice por cerca a 86 millones de dólares, se frustró y retrasó con el argumento de que el contrato suscrito se lo obtuvo mediante prebendas. El lío costó la vida a un empresario tarijeño. Santos Ramírez, quien presidía YPFB en ese entonces y fue el principal impulsor de la construcción de la planta, denunció que fueron intereses externos los que provocaron el fracaso de ese contrato. En el acto de firma del contrato, el año 2008, estuvo presente Evo Morales junto al entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.
La planta separadora de Río Grande, tres años después del escándalo que sirvió para paralizarla, sigue retrasada, esta vez por la oposición de los indígenas guaraníes de la zona Tacobo Mora, en tanto que su costo se ha casi duplicado a más de 150 millones de dólares. Para Ramírez, este nuevo contrato es la corrupción legalizada.
Pero las contradicciones siguen y suman. Mientras el Gobierno pregona que las recaudaciones de IDH y regalías se deben a la “nacionalización” de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006, en enero de 2012, casi seis años después, “nacionalizó” las acciones de PAE E&P en el campo Margarita. ¿No era que ya estaba todo nacionalizado y que YPFB era la que controlaba todo? La acción apuntaba a dar la razón a quienes denunciaron que en octubre de 2006, cuando se firmaron 44 contratos petroleros, operó la “desnacionalización” y quedó sin efecto alguno el decreto del 1 de mayo de 2006. Precisamente, desde octubre de 2006 Bolivia ya no cobra el 32% adicional que impuso el decreto nacionalizador a la producción de los megacampos.
Al presente, en Bolivia, según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), más del 80% de las reservas gasíferas y de petróleo están controladas por las mismas transnacionales que operaban en Bolivia antes de la llegada de Evo al gobierno y con ventajas adicionales: el Gobierno subsidia la producción de petróleo en los campos chicos y nadie publica los datos de los costos recuperables. En los contratos anteriores firmados por Gonzalo Sánchez de Lozada en 1997, se instituyó la reserva y confidencialidad en los gastos de las petroleras efectuados al amparo del Anexo D, que sirvió hasta para pagar a periodistas./ EL PAIS (TARIJA)