Autoridades cívicas, políticas y
municipales del departamento de Tarija se reúnen hoy en Bermejo para
decidir si reactivan las medidas de presión contra del Gobierno en
defensa del megacampo Margarita.
Según informó ayer el presidente de la Comisión Multisectorial, Normando
Choque, existe un descontento generalizado en la dirigencia cívica de
Tarija debido a que hasta el momento el Gobierno no emitió una orden
legal para que el gobernador Lino Condori contrate una empresa
consultora.
Si bien los cívicos tarijeños reconocen que es una buena señal haber
avanzado con sus pares de Chuquisaca y el Ministerio de Hidrocarburos y
Energía en el reglamento de reservorios compartidos; sin embargo,
recuerdan que el tema de fondo es el cumplimiento del primer punto del
acta que se firmó para levantar el paro indefinido.
De acuerdo con el documento aprobado el 26 de enero en Santa Cruz, el
primer punto dice que el Gobierno nacional facilitará las condiciones,
mediante el instrumento jurídico que corresponda, para que la
Gobernación de Tarija contrate una empresa consultora para realizar el
estudio de conectividad entre los campos Margarita y Huacaya.
Dentro de los plazos establecidos en el acuerdo firmado en Santa Cruz,
con la anuencia de Chuquisaca el Gobierno dispuso el 9 de febrero como
fecha límite para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) firme el contrato con la compañía Gaffney, Cline &
Associates, que se adjudicó el estudio referido.
Sin embargo, este plazo también es motivo de controversia entre los
tarijeños, que exigen que hasta esa fecha ellos también puedan firmar
con la empresa que contraten de forma directa.
El jueves, los ministros Carlos Romero, de Gobierno, y Luis Arce, de
Economía y Finanzas Públicas, explicaron que la contratación se puede
ceñir a decretos ya emitidos; empero, los cívicos de Tarija lo
rechazaron. / EL DEBER
