La nacionalización de las acciones de la petrolera Pan American Energy (PAE) en el bloque Caipipendi, que fue anunciada desde el Palacio de Gobierno, no ha sido consumado, porque el Órgano Ejecutivo aún no ha promulgado la medida, debido a unas trabas, según ha podido confirmar el diario digital Oxígeno. 

El 24 de enero, el Ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, anunció la aprobación de un decreto supremo que determina el traspaso obligatorio de las concesiones de la empresa Pan American Energy (PAE) a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con el argumento de que la empresa ha incumplido el contrato de operaciones en el bloque Caipipendi.
Sin embargo, cuando ha pasado más de un mes desde el anuncio, no existe ningún Decreto Supremo publicado en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. El periodista de Oxígeno acudió a la Gaceta para hacer una revisión de las normas publicadas entre el 24 y 31 de enero del presente y no se halló ninguna norma relacionada con el anuncio del ministro Juan José Sosa.
Luego, Oxígeno tomó contacto con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía para saber el por qué de esta situación. La Dirección de Comunicación informó que la publicación en la Gaceta Oficial ocurriría la próxima semana.
Actualmente, son tres las empresas que tienen contratos de operación con la estatal YPFB para hacerse cargo del bloque Caipipendi. La primera, la española Repsol con una participación del 37,5 por ciento; la segunda, British Gas (BG) con el 37,5 y Pan American Energy (PAE) con el 25%.
El año 2010, hubo un compromiso de Repsol para desarrollar todo el bloque Caipipendi donde las inversiones que se iban a realizar para las tres fases, dos de ellas son aproximadamente 1.600 millones de dólares
"Entonces lo que tenía que aportar PAE no lo está haciendo, por eso se realizó una sesión obligatoria de este contrato, la participación de PAE se la transfiere a YPFB Chaco", explicó Sosa el pasado 24 de enero, cuando hizo anuncio de la nacionalización.
Cuál es el argumento
Aunque también informaron que el retraso se debe a que el Decreto Supremo estaría trabado en algún Ministerio. Otras fuentes consultadas por este medio admitieron que continúan las negociaciones entre autoridades del Ejecutivo y representantes de la empresa continúan.
Para el abogado constitucionalista, Carlos Alarcón, lo más importante es que el Estado sustente sus anuncios o disposiciones legalmente y enmarcados en la Constitución Política del Estado.
“Lo que sería conveniente, porque el Estado de derecho así lo exige, es que el Gobierno y el Estado sujeten sus actos, al pleno respeto de la constitución”, precisó Alarcón.
Asimismo, el abogado explicó que jurídicamente no existe la figura de nacionalización y que el mismo sería un concepto sociológico o político. Y que lo correcto debería ser la expropiación.
En este sentido, para Alarcón no es suficiente un Decreto Supremo para determinar la expropiación, sino una Ley que declare la necesidad y la utilidad pública; antes de que el Estado se apodere del bien del particular y también tiene que darle una justa y una indemnización.
“La constitución exige ley, no decreto; porque dice que sólo por ley se regulan los derechos. Entonces no es suficiente un decreto, tiene que ser una ley expropiatoria y la figura jurídica constitucional es la expropiación, por eso que nacionalización no es una figura jurídica”, añadió Alarcón.
De lo contrario, detalla el jurista, el particular a quien se le expropia el patrimonio, podría argumentar que se le está confiscando sus bienes.
Alarcón recordó, además, que una disposición legal, como un decreto o una ley, cobra vigor desde que es publicada./ OXIGENO BOLIVIA