El Secretario Ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruíz, invitó al
diálogo “desapasionado” y desde el criterio técnico que permita tomar
las mejores decisiones sobre el papel que la Gobernación debe asumir en
el proceso de industrialización del gas y sus componentes que a partir
de 2014 se obtendrán de la planta separadora de líquidos que actualmente
el Estado construye en el Chaco.
Al mismo tiempo, señaló que Tarija tiene
derecho a percibir regalías “entendiendo que es compensación de un
recurso natural no renovable que se extrae de nuestro Departamento” por
los licuables exportados a Brasil en el marco de la adenda 4 del
contrato GSA, “siempre hemos defendido esa postura, desde que se
aprobó”. Si bien aclaró que esa era una postura personal que ha
defendido siempre desde que era Senador de la República, si bien no
puede emitir un criterio como Gobernación, al no haberse fijado todavía.
Industrialización a gran escala
Ruíz remitió a un análisis desde la “frialdad de los números”, y
recordó que la industrialización a pequeña escala y para el mercado
interno “no vale la pena”, sin embargo, se mostró partidario en
concentrar todos los esfuerzos en un producto, “Si nos asociamos en la
petroquímica básica, del etano por ejemplo, hay que ver si salen los
números concentrando los líquidos no sólo los de Argentina (quien solo
requiere gas seco según contrato) sino de Brasil”, e insistió en que es
el tamaño a gran escala para disponer en el mercado internacional de
precios altos, lo que lo haría rentable. “Esas plantas pequeñitas han
sido superadas y ahora lo que hay que establecer es en qué medida se
plantea la participación de la Gobernación en la industrialización, en
la medida que se garantice seguridad y altas tasas de retornos de esas
inversiones”.
De la planta separadora de líquidos saldrán separados otros
componentes como el propano y el butano, que se dispondrán normalmente
para la exportación, pero además otros componentes que se destinarán a
la industrialización. El Director de la Empresa Boliviana de
Industrialización de Hidrocarburos, Amado Montes Barzón, abrió las
puertas a la participación accionaria de Tarija en estos proyectos de
industrialización.
Ruíz señaló que no ha participado en reuniones de carácter oficial
con autoridades nacionales para abordar este tema, pero se conocen las
buenas intenciones de diferentes autoridades para dar cabida a Tarija en
el proceso.
La compensación por los licuables exportados a Brasil
La segunda cuestión que afecta a Tarija e irrumpió de nuevo en el
debate hidrocarburífero a raíz del II Congreso del Petróleo y el Gas
organizado por YPFB en recientes fechas, es la compensación que Brasil
paga por los licuables que llegan mezclados en el torrente de gas que se
exporta desde los pozos de Tarija principalmente, que se miden en el
punto de fiscalización y que en la adenda 4 del contrato GSA firmado en
2009 establece un pago de entre 100 y 180 millones de dólares anuales.
Brasil ha desarrollado plantas petroquímicas derivadas de estos
licuables.
Para Ruíz, su postura es que Tarija debería recibir el pago de
regalías, tal como establece la Constitución Política del Estado, sin
embargo, el Presidente de Yacimientos, Carlos Villegas apuntó a un
decreto que establece que los beneficios de esos licuables deben ser
destinados a la industrialización. Ruíz señaló que la Gobernación no
tiene una postura oficial, pero según la interpretación de la norma,
Tarija debería percibir beneficio de “esa actividad adicional que se
extrae de nuestros campos”.
Otras autoridades, como el ejecutivo seccional de Cercado, Alfonso
Lema, han coincidido en que Tarija debería percibir regalías por los
licuables exportados.
El apunte:
Se atisba un nuevo conflicto entre legislaciones
Según el ejecutivo seccional de Cercado, Alfonso Lema, fue la Ley de
aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2012 la que
reguló estos ingresos y determinó que todos los beneficios de la
industrialización vayan para Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), “es el motivo por el que Villegas y otros dicen que
el tema está cerrado, y es lo que altera la posibilidad de que Tarija
pueda ser socia en el tema de la industrialización” y recordó que el
artículo 300-33 de la Constitución, en el capítulo de competencias
exclusivas de las Gobernaciones, es la que posibilita a las regiones
asociarse para desarrollar proyectos./ EL PAIS
