“Las tomas están penalizadas por ley y no van a
ser avaladas por el Gobierno (...). Nosotros vamos a hacer respetar los
derechos de las empresas que se hayan adjudicado (una concesión) o que
estén trabajando (en ellas), a no ser de que las empresas se metan en
cosas raras como sucedió en Mallku Khota”, aseguró el vicepresidente
Álvaro García.
El Mandatario aclaró que si las firmas
incurren en el último caso, “la titularidad del Estado se vuelve en la
solución final a cualquier tipo de querella que pueda darse entre
privados”. El 10 de julio, campesinos de Suk’awaña (del municipio de
Sacaca, del norte de Potosí) ocuparon otro yacimiento minero, operado
por la empresa brasileña Cerusita Andina Limitada, en demanda de
proyectos sociales.
El secretario de Minería de la
Gobernación de Potosí, Arnulfo Gutiérrez, indicó a la agencia de
noticias EFE que el sector reclama “mayor atención social” de la
compañía brasileña, que opera una mina de plomo y plata desde hace ocho
años. Una fuente de la Embajada de Brasil en La Paz confirmó a la
agencia que capitales de ese país invirtieron en la citada mina.
El gobernador de Potosí, Félix Gonzáles, informó que se envió una
comisión a la región para dialogar con los campesinos sobre su pedido.
Mientras, el Vicepresidente indicó que otra delegación del Órgano
Ejecutivo se desplazó al lugar del conflicto.
Respecto al problema en la región de Teoponte, García precisó que
personal del Ministerio de Gobierno se movilizó a la región. El viernes
se registró un enfrentamiento entre afiliados a la Cooperativa Relámpago
y vecinos del municipio de Teoponte.
Según los
pobladores de esa región, los mineros explotan oro “ilegalmente” en el
radio urbano de la población destruyendo casas y el hospital dejados por
la empresa South American Placers Incorporated (SAPI).
En el hecho, diez personas resultaron heridas, reportó radio Larecaja
de la Red Erbol. El presidente de la Federación de Juntas Vecinales,
Narciso Choque, señaló que la población está en estado de emergencia y
en vigilia. “Pedimos que el Gobierno instale una reunión en la población
para solucionar el conflicto y se repongan los daños causados”, dijo a
La Razón.
