Pese a que la estatal YPFB ordenó un nuevo estudio para determinar si el campo Margarita-Huacaya es compartido por los departamentos de Tarija y Chuquisaca, el Ministerio de Hidrocarburos contradijo la disposición de la empresa estatal, y dio marcha atrás con la medida hasta que se instale un nuevo Gobierno. Después de las elecciones del próximo 3 de mayo.

Un estudio realizado en 2012 definió que este campo es compartido entre las dos regiones. En 2018, el Gobierno, del entonces presidente Evo Morales, ratificó la postura. Esto generó una serie de fricciones entre las regiones, porque hasta la fecha no se establecen los límites en el área de influencia de ese yacimiento.

Pero tras la renuncia de Morales -producto del descontento social a causa del fraude electoral de octubre de 2019- y la reorganización de YPFB, la nueva administración estatal, a través de la Gerencia de Administración Técnica de Contratos y Evaluación, dispuso la contratación de una consultoría para realizar el estudio.

Esto quedó plasmado en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que fue publicado en la página institucional de la compañía estatal.


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Pese a que la estatal YPFB ordenó un nuevo estudio para determinar si el campo Margarita-Huacaya es compartido por los departamentos de Tarija y Chuquisaca, el Ministerio de Hidrocarburos contradijo la disposición de la empresa estatal, y dio marcha atrás con la medida hasta que se instale un nuevo Gobierno. Después de las elecciones del próximo 3 de mayo.

Un estudio realizado en 2012 definió que este campo es compartido entre las dos regiones. En 2018, el Gobierno, del entonces presidente Evo Morales, ratificó la postura. Esto generó una serie de fricciones entre las regiones, porque hasta la fecha no se establecen los límites en el área de influencia de ese yacimiento.

Pero tras la renuncia de Morales -producto del descontento social a causa del fraude electoral de octubre de 2019- y la reorganización de YPFB, la nueva administración estatal, a través de la Gerencia de Administración Técnica de Contratos y Evaluación, dispuso la contratación de una consultoría para realizar el estudio.

Esto quedó plasmado en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que fue publicado en la página institucional de la compañía estatal.

“Medida irresponsable”

Antonio Pino, viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, señaló que, al ser la actual administración del Estado, parte de un Gobierno de transición, “este tema no se puede tratar en estas condiciones”.

“Es necesario que asuma un Gobierno establecido y legitimado para esto, para poder tratar este tema y muchos otros”, señaló.

El Deber