Los dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) plantearon este jueves al presidente de la República, Evo Morales, que se respete al derecho a la consulta, como paso previo al inicio de actividades de exploración y explotación petrolera en territorios indígenas.
"En la reunión con el Jefe de Estado se acordó trabajar de manera directa a nivel político, tomando en cuenta que la APG es parte del proceso de cambio y lo único que busca es participar y tener acceso a la consulta", dijo el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Celso Padilla Mercado.
Al concluir la reunión con Morales, realizada la madrugada de este jueves, el dirigente indígena ratificó las denuncias previas de que las empresas petroleras, ubicadas alrededor del Parque Nacional Aguarague, violan los derechos de los pueblos indígenas, en este caso de los guaraníes que son privados hasta de la libre circulación para que puedan ingresar a sus comunidades
"Estas empresas no respetaron ni siquiera el hábitat ni la tradición de nuestras comunidades que viven alrededor del Parque Aguarague y Alto Camiri", dijo Padilla, según reportó la agencia gubernamental ABI.
Padilla explicó que los dirigentes de la APG solicitaron al Primer Mandatario la corrección de algunos temas en el sector de los hidrocarburos, entre ellos los niveles de consulta para la definición de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en la zona de El Chaco, en pleno territorio guaraní.
Informó que se ha decidido conformar una comisión jurídica con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Ministerio de Hidrocarburos para analizar las demandas del sector, como el cumplimiento de las licencias ambientales.
Anunció que volverán a reunirse el miércoles 30 de junio para profundizar las demandas para sean resueltas de común acuerdo con el Gobierno, sobre todo con las autoridades de los Ministerios de Educación, Hidrocarburos, Salud, Autonomías y otros.
Horas antes del encuentro con Morales, el representante de los pueblos guaraníes de Tarija, Justino Zambrana, había señalado que exigirían el cumplimiento de las normas establecidas a nivel nacional e internacional, especialmente en lo que se refiere a la otorgación de fichas ambientales y la socialización de los proyectos, ya que varios de ellos estarían en ejecución sin contar con consentimiento previo de los pueblos indígenas.
“Estamos preocupados por lo que está pasando, más aún cuando existe la intención del Gobierno de volver a realizar proyectos petrolíferos en estos lugares. No sólo la actividad hidrocarburífera es la que estaría causando estos daños ambientales, sino que también las obras civiles que se estarían ejecutando”, dijo Zambrana según reportó la agencia privada Fides.
Zambrana citó como ejemplo de los daños causados al medio ambiente a la reserva del Aguaragüe, la construcción de la carretera Caraparí-Campo Pajoso y la edificación de la represa Caigua. “Aquí se hizo una inspección hace quince días y se pudo constatar que la misma agua de la represa no cumple con las condiciones óptimas para el consumo de los animales y mucho menos para las personas debido a que se habrían encontrado residuos en esta fuente de agua”, sostuvo./PE
