El Deber.- Mientras el valor y los volúmenes de importación de combustibles van en ascenso, pues hasta comienzos de agosto la factura trepó un 70%, de $us 223 a 375 millones, comparado con el mismo periodo de 2009, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el mercado negro también se dispara en el cinturón fronterizo con Brasil y se impone a la ley, pues decenas de revendedores de diésel y gasolina, también denominados ‘picos blancos’, consolidan su negocio.

Un equipo periodístico constató tal situación en un recorrido de cuatro días efectuado por las poblaciones de San Julián, San Ramón, Concepción, San Ignacio de Velasco, San Vicente, Ascensión de la Frontera, San Matías, Roboré, San José de Chiquitos y Tres Cruces.


El primer punto del ‘negocio redondo’ se practica en el mismo bastión del partido gobernante, desde San Julián hasta La Asunta, en el que se evidenció la venta ilegal de carburantes en 13 puntos. Ubicados en ambos lados de la carretera, los revendedores comercializan el litro de gasolina y diésel entre Bs 5 y 7.



Unos kilómetros más allá, en el ingreso a la localidad de San Ramón y casi al llegar al surtidor La Cueva, hay tres negocios que expenden libremente combustibles, incluso tienen vistosos letreros. Las irregularidades continúan al avanzar por la Chiquitania. En el surtidor de Concepción se evidenció la venta de diésel en turriles y galones en presencia de los militares.



En San Ignacio de Velasco, a una cuadra del surtidor Guajojó, expenden el carburante en Bs 5 y 6. El local se encuentra ubicado entre la avenida Las Américas y Héroes del Chaco.



Mientras, en la zona fronteriza de San Vicente se comercializan ambos carburantes en Bs 7 el litro. El punto de venta está en las ‘narices’ del puesto militar Cacique Cumbay y a la vuelta de las oficinas de la Aduana. En Ascensión de la Frontera, a unos 80 kilómetros de San Matías, también creció el negocio.



El mercado negro también llega a Roboré, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y San José de Chiquitos, además de Tres Cruces. Lo más preocupante se observa en Puerto Suárez y Puerto Quijarro, donde los surtidores El Lido y Chapaco hacen ‘malabares’ para abastecer a los transportistas.



Sin embargo, el combustible se acaba en cuatro horas y la gente tiene que hacer filas hasta el día siguiente para abastecerse. Esto ocasiona que los ‘picos blancos’ aprovechen y vendan carburantes en Bs 7 y 8 el litro.



Al respecto, el representante regional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Santa Cruz, Gustavo González, admite:
“Es evidente que hay un ‘secreto a voces’ sobre la existencia de revendedores. No obstante, es un tema en el que la ANH no toma acción directa sobre la situación, sino a través del Ministerio Público. Con las competencias que tiene debe asumir responsabilidades con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Sustancias Controladas y las Fuerzas Armadas. Estas entidades son las encargadas del control”.



El jefe de la zona comercial de YPFB San José de Chiquitos, Diego Hevia, admite el problema, pero asegura que el cupo de comercialización para dos surtidores de San Ignacio de Velasco, dos de San José de Chiquitos, uno de Roboré y uno de San Miguel asciende a 200.000 litros por día, con lo que se garantiza el abastecimiento.

Militares comienzan a instalar trancas móviles
El Ministerio de Defensa anunció el desplazamiento de 2.000 efectivos a la frontera con Brasil, como parte de una política gubernamental para sentar soberanía y evitar las actividades ilegales, entre ellas del oro, carburantes y madera.



Se constató la presencia de un pequeño grupo de efectivos militares, a 60 kilómetros de San José de Chiquitos, que informó que a partir de la fecha se instalarán trancas móviles.
No obstante, en el resto de los tramos de la Chiquitania no se observó a otro contingente.
Según la cartera de Estado, el plan será ampliado a las siguientes gestiones en la perspectiva de que las Fuerzas Armadas cumplan la función de resguardo y control de las fronteras.
Los 2.000 efectivos destinados al oriente estarán a lo largo de la frontera con Brasil, especialmente en lo que corresponde al departamento de Santa Cruz.



De acuerdo con el plan elaborado por el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, se pretende el desplazamiento de unos 32.000 efectivos en los venideros cuatro años.
El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Ramiro de la Fuente, informó la semana pasada que el personal cumplirá con la misión de proteger las zonas fronterizas porque la misión Constitucional de las FFAA es la de sentar soberanía en aquellos lugares donde existen recursos naturales. Como parte de este plan, efectivos del Ejército, intervinieron el 5 de octubre centros mineros donde explotaban oro en San Ramón, en San Simón y una mina cercana al predio Guapurutú (San Javier). 
Por su lado, YPFB evitó referirse al tema, pese a que se envió un cuestionario al titular de la estatal, a comienzos de semana.

    La importación en cifras   
Gasolina. La importación subió de 1.625 metros cúbicos (m3) a 2.935 m3, en julio. Sin embargo, la máxima cantidad se registró en junio con 9.717 m3, de acuerdo con un boletín del Ministerio de Hidrocarburos. YPFB Refinación importó un promedio de 4,88 millones de litros en los siete meses. En enero 1,62 millones, en febrero 2,67 millones, en marzo siguió ascendiendo a 3,51 millones, en abril escaló a 6,05 millones, en mayo a 7,67 millones, para llegar a su máximo en junio de 9,7 millones y en julio cayó a 2,93 millones de litros.
Diésel. En enero se importó 5.195 m3, pero en julio tan sólo 229 m3, según registro de la cartera energética. De enero a julio, YPFB Refinación importó un promedio mensual de 3.098 m3 de diésel, equivalente a 3,09 millones de litros. En febrero, la cantidad bajó a 3,76 millones, en marzo descendió a 3,62 millones, en abril a 2,94 millones, en mayo volvió a subir hasta 4,16 millones de litros, pero en junio descendió a 1,79 millones.
Norma. El contrabando de combustibles es un delito comparable con el narcotráfico. Tiene su base legal en la Ley 1008 y le permite al Estado castigar con dureza el tráfico, desvío, ocultamiento o tenencia ilícita de carburantes. La norma autoriza a las FFAA, Policía, COA y la Felcn, además de la ANH, a ejecutar operativos de secuestro de las sustancias controladas.