María Teresa Zegada

Todo Gobierno para mantenerse exitosamente en el poder requiere un equilibrio ideal entre la función acumulación y la función legitimación, es decir entre medidas estructurales que implican inversión y resolución de problemas de ingresos públicos, que si bien no reportan beneficios de corto plazo, garantizan una sostenibilidad de mediano y largo plazo; y las funciones de legitimación que se refieren a la búsqueda de apoyo social a través de la redistribución inmediata de recursos a la población, causan un impacto directo y se traducen en apoyo ciudadano.

Durante los pasados cinco años de gestión, el Gobierno ha priorizado la función legitimación, es decir, la otorgación de bonos, obras y otros con el fin de reforzar su apoyo ciudadano, desestimando aquellas políticas destinadas a encarar problemas estructurales.

El discurso del Vicepresidente justificando el reciente “gasolinazo” resulta parcialmente cierto, por una parte porque si bien se trata de frenar el contrabando, también responde a las necesidades estatales de incrementar los recursos públicos. Además que, por su dimensión, afecta no sólo a sectores privilegiados y a la base productiva privada, sino también a las mayorías nacionales que luchan en las fronteras de la sobrevivencia.

Ahora bien, ¿cómo lidiará la sociedad con el impacto de esta medida? Algunos sectores como los transportistas han decidido cambiar las medidas de presión por la decisión unilateral de incrementar los pasajes del transporte público; del mismo modo los sectores comerciantes y productivos afectados incrementan automáticamente los precios de los productos de la canasta familiar transfiriendo estas cargas a los consumidores. En estos casos los conflictos surgirán en el intento de control del Gobierno sobre los precios de los productos y servicios.

Otra reacción se expresa en el rechazo abierto a la medida. La COB, que calificó el decreto como “maldito”, anunció movilizaciones sociales junto al magisterio, fabriles, profesionales y otros. Las medidas de presión tienen sus límites cuando no tienen la fuerza suficiente. Difícil situación para los “guardianes del proceso de cambio” y los dirigentes de organizaciones afines al MAS, presionados desde arriba por el Gobierno, y desde abajo por sus bases; situación que sin duda generará contradicciones y divisiones internas. La Cidob y Conamaq fueron mucho más radicales en sus expresiones señalando que el Gobierno se ha desenmascarado con este “atentado criminal contra la economía más empobrecida del país”.

Al parecer, ante la decisión de no negociar ni retroceder en la medida, el Gobierno intentará formas de compensación para favorecer a los sectores afectados, que en realidad son todos: ¿incremento salarial, cuando los asalariados no abarcan ni al 30% del país y afectaría aún más a la economía empresarial? ¿Valorizar el boliviano? ¿Más bonos? ¿20.000 empleos' que recuerdan al plan de emergencia de Sánchez de Lozada? ¿Seguro agrícola en un momento de crisis de la producción por las inclemencias del tiempo? ¿Cualquiera de estas medidas ciertamente parciales no generará el mismo efecto devastador en las arcas estatales?

El anunciado discurso presidencial (aún no emitido al momento de la entrega de este artículo), esperemos rebase nuestra imaginación para encarar las múltiples presiones que se avecinan./PAGINA SIETE