La política hidrocarburífera del Gobierno volvió a darles la espalda a las petroleras extranjeras una semana después de que se mostró benevolente, pero expertos consultados aseguran que es inevitable el cambio de orientación para atraer inversiones y producir la gasolina, el diésel y otros derivados necesarios para atender la demanda.


El incremento en el precio del barril de petróleo de 27 a 59 dólares fue observado como una acción favorable a las petroleras tras un periodo de congelamiento desde el año 2007.

“No creo que haya un pacto con las petroleras, sino es una necesidad frente a la situación en que se encuentra el sector de hidrocarburos”, expresó el experto en temas energéticos Hugo del Granado.

En opinión del analista de temas de comercio internacional Julio Alvarado, la última decisión de abrogar el gasolinazo dejó al Gobierno sin credibilidad.

“Con el retroceso no se solucionan los problemas y siguen latentes”, afirmó Alvarado. Sin embargo, según el experto, las petroleras recibieron la seguridad de un incremento en el precio del barril de petróleo y sólo se espera conocer la forma y el cómo se aplicará esta elevación.

“El Gobierno ha decidido implementar” el gasolinazo porque tiene la urgencia de cubrir un déficit fiscal de 1.000 millones, según Alvarado. El Gobierno presentó, a fines de 2010, las cifras que muestran por quinto año un superávit de dos por ciento, y reveló que la subvención a la gasolina alcanza a 380 millones de dólares por año y se proyecta a 500 millones de dólares en 2011.

Del Granado considera necesaria la modificación del precio por barril de petróleo porque el tiempo de congelamiento es “demasiado” largo y no guardó relación con los precios internacionales que en algún momento ascendieron hasta los 147 dólares. “Vemos una política poco práctica e insostenible, no por el contrabando de carburantes, sino porque no producimos la suficiente cantidad de carburantes”.

Entre otras consideraciones, Del Granado advirtió la urgencia de invertir en el sector petrolero para devolverle su dinámica y capacidad productiva, pero reclamó seguridad jurídica y un clima de tranquilidad. “Bolivia no puede aislarse. Las nacionalizaciones del primero de mayo crean inseguridad”, comentó. Anunció un largo proceso de recuperación de las oportunidades perdidas.

Costas aplaza a nacionalización

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó que la emisión del Decreto Supremo 748 que incrementaba el precio de los carburantes fue una muestra de que la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fracasó y que las políticas planteadas por la gestión de Morales en materia de hidrocarburos no van por buen camino.

“La política de hidrocarburos es un fracaso porque ha sido mal ejecutada y, obviamente, YPFB ha sido mal administrada. Esto se cae de maduro y ahora todo el mundo lo puede ver de manera nítida, todo fue discurso y demagogia”, afirmó la autoridad cruceña a la agencia ANF.

Costas pidió a las autoridades del Gobierno central dar información precisa sobre la inflación. Aseveró que el actual índice de inflación no refleja el “dramático” incremento de precios que se ha sufrido en el país durante los últimos cinco años.

“Las autoridades han fracasado en la lucha contra el contrabando y deben asumir las consecuencias de ese fracaso (…), es hora de que se haga una corrección”, concluyó el Gobernador de Santa Cruz.

A su turno, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, pidió al Gobierno que “diga la verdad” sobre la situación económica del Estado boliviano. Para él, la abrogación del DS 748 fue una derrota del oficialismo./LA PRENSA