La Misión de Evaluación sobre el Derecho a la Alimentación en Bolivia, conformada por expertos nacionales y extranjeros, sugirió que los gobiernos municipales y departamentales puedan invertir los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en el incentivo a la producción de alimentos para que se pueda desarrollar e implementar proyectos productivos que apoyen la agricultura de subsistencia.


“Generalmente los municipios invierten los recursos del IDH en otros rubros, pero destinan muy poco, prácticamente lo que sobra, al incentivo a la producción en sus regiones, cuando debería ser al revés para generar movimiento económico, solucionar el problema del hambre y de la crisis alimentaria”, indicó Ricardo Montero Pedraza, uno de los voceros de la misión y representante de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas, Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC).

“Hay que apoyar para que los gobiernos municipales autonómicos tengan y desarrollen las capacidades para implementar programas de apoyo a la producción”, acotó por su parte Laureen Ravon, también vocera de la delegación y experta canadiense en derechos y democracia.

Ravon explicó que es importante que el Gobierno central y los gobiernos locales redireccionen los esfuerzos y las inversiones hacia el sector de los pequeños productores, a fin de que se puedan lograr resultados específicos y positivos en la lucha contra la pobreza y la crisis alimentaria.

“En municipios rurales hay más trabajo que hacer, hay que aprovechar que el concepto de seguridad alimentaria está en la Constitución Política del Estado”, afirmó. En este sentido, la experta recalcó que si se quiere impulsar la seguridad alimentaria en el país, es necesario potenciar las iniciativas productivas.

Al respecto, el opositor Fabián Yaksic, del MSM, explicó que es necesario aprobar un régimen económico financiero acorde a las autonomías para los municipios y en general para todas las organizaciones territoriales autónomas.

“Actualmente todavía rige una visión centralista en cuanto al manejo de recursos en nuestro país, por lo que es importante aplicar medidas y normas que le permitan a las organizaciones territoriales autónomas invertir sus recursos en las áreas que más lo requieran”, afirmó.

CARTA MAGNA

Ravon resaltó el hecho de que la Constitución Política de Bolivia sea una de las pocas que incluye el derecho a la alimentación.

“Pero es necesario que se apliquen medidas, normas y políticas específicas para garantizar este derecho, ya que muy pocos países lo incluyen. Por ejemplo, puedo citar a Haití y Malawi, que lamentablemente no han contemplado este derecho en sus constituciones”, precisó.


PARA TOMAR EN CUENTA

Evaluación. Los expertos realizaron este trabajo desde el 5 de febrero.

Salud. Resaltaron la lucha contra la desnutrición en Bolivia./ CAMBIO