Ante las afirmaciones del presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, de que habría recibido la confirmación de la empresa Ryder Scott acerca de que los campos Margarita y Huacaya serían uno y que en las próximas semanas se procedería a la contratación de un consultora para calcular el factor de participación de los departamentos de Tarija y Chuquisaca, autoridades tarijeñas expresaron su rechazo y afirmaron que tal informe no sería válido mientras no se realice el estudio de unitización.


En la Gobernación se anunció que se solicitará el informe para tomar una postura técnica, mientras que la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Departamental y el Comité Pro Intereses exigen que el Órgano Ejecutivo asuma una postura en defensa de los intereses del departamento.
El secretario departamental de Hidrocarburos, Dino Beltrán, aseguró que la información que llegó a YPFB fue de documentos correspondientes a Repsol (la operadora de Margarita). “En base a eso estamos realizando una evaluación técnica para hacer una agenda de trabajo, ésta será mostrada a la Asamblea para que determinen qué acciones vamos a tomar”, indicó a tiempo de señalar que el siguiente paso será tomar contacto con Chuquisaca para realizar la contratación de una empresa certificadora que determine y defina si el campo Margarita es compartido o no.
“La información del presidente de YPFB fue la correspondiente a la operadora Repsol, no a la certificadora Ryder Scott, así que la otra es sólo informativa para que podamos adjuntar los documentos y tener una evaluación más técnica, no tenemos ninguna información de la certificadora”, aclaró.
En este sentido, explicó que la empresa Ryder Scott, cuando estaba en pleno proceso de certificación, fue parada en su proceso por varias observaciones, por lo cual ha quedado retenida. “Sería conveniente reunirnos con Chuquisaca para reactivar y terminar este trabajo”, añadió.
Sin embargo, ante las notas publicadas en agencias noticiosas en las que YPFB reitera que los campos son compartidos, Beltrán manifestó que solicitarán un informe para evaluar y sacar un criterio conjuntamente la Asamblea Legislativa. “La Gobernación va a solicitar esta información para poderla evaluar y sacar un criterio, y además pasarles a la Asamblea para que de forma conjunta puedan generar una agenda de trabajo”, indicó.
El vicepresidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Valdemar Peralta, dijo que Villegas no es una persona que tenga buenas intenciones con el departamento de Tarija, por lo que rechaza el informe desde todo punto de vista y más bien pide una postura concreta de la Gobernación y un frente departamental para hacer respetar los derechos de Tarija “sin mirar colores políticos”, ya que esta problemática implica el futuro del desarrollo del departamento, donde están en juego miles y millones de dólares.
Peralta expuso que el único informe que se tuvo al respecto de los campos fue el evacuado por la empresa DeGoyler and MacNaughton, “pero fue desvirtuado por el propio YPFB ya en la era de (Evo) Morales”. El presidente de YPFB ha establecido que el campo Margarita era compartido con Chuquisaca sin antes tener un informe válido, porque el que tenían fue desechado, es una actitud totalmente contraria a los intereses del departamento”, cuestionó.
Otro elemento que menciona Peralta es que la empresa Ryder Scott está en Bolivia por un objeto totalmente diferente al cual ahora la involucran. “La Ryder Scott fue contratada para dar un informe al Estado de cuáles eran las reservas probadas y probables en todo el territorio nacional”, recordó.
Asimismo, denunció que ha sido la administración de Morales la que dirimió este tema. “Este es un hecho totalmente ilegal, porque la normativa legal vigente establece los procedimientos para que puedan darse un fallo o un informe para dirimir los temas como los de campo Margarita y Huacaya”, añadió.
En este sentido, enfatizó que el informe de la Ryder Scott no tiene ninguna validez, “porque es ilegal, porque fue contratada sin cumplir las normas legales vigentes y porque también está vinculado ese informe a autoridades nacionales que ya han dado juicios de valor estableciendo que el campo Margarita es compartido, sin tener certeza”, subrayó.
De este modo, pide al presidente del Estado, al ministro de Hidrocarburos y al presidente de YPFB, “que sean más honestos y consecuentes con Tarija y se ajusten a la ley para definir el futuro de los millones de dólares que le corresponden a Tarija”.
Para Peralta, no se cumplió la Ley de Hidrocarburos, por lo que hay un tema de fondo. “No quiero adelantar cuáles serán las reacciones de las instituciones, pero pido al gobernador y asambleístas que pongamos una postura como departamento, ya que estarían en juego miles y millones de dólares”, manifestó.
El presidente de la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa, Johnny Torres, asegura que dicho informe no tiene valor legal, porque en realidad para definir legalmente una controversia hay que sujetarse al proceso de unitización en base al decreto dictado por el Gobierno en el año 2003, y aclaró que para esto ambas gobernaciones definirían la contratación de una empresa internacional de certificación. “El Gobierno trajo a la Ryder Scott para hacer una certificación de reservas que hasta el día de hoy no las publica porque no le conviene, porque las reservas se han caído al suelo”, indicó.
Torres afirmó que está absolutamente en contra del informe, “porque Margarita es absolutamente de los tarijeños, hasta que la ley no diga lo contrario, razón por la cual la ‘canallada’ que pretenden hacer el presidente de YPFB y el Gobierno con Tarija, de decir que es una misma estructura y que ahora hay que ver el factor de distribución, no lo vamos a permitir, porque primero se tiene que definir una empresa internacional, aprobada por ambas gobernaciones, que compruebe que son el mismo reservorio, pero el presidente de YPFB, suelto de cuerpo y típico de su desconocimiento de la materia, dice que son compartidos, ya que Repsol ha establecido que son los mismos reservorios; de ninguna manera, primero hay que definir lo legal de acuerdo al reglamento”, manifestó./EL PAIS