La Comisión Multisectorial de Defensa del Campo Margarita volvió ayer a realizar el mismo pedido que antes de las medidas de presión, de hace tres semanas, las cuales derivaron en ocho días de paro de los tarijeños. Exigen que aún no se firme el contrato con Gaffney y dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para crear un marco jurídico que permita a Tarija contratar a su empresa para realizar el estudio de campos. 
El retroceso parece haber sido total, Tarija busca un marco normativo para contratar una consultora pero lo hará utilizando el mismo DBC (Documento Base de Contratación) y las mismas fuentes de información que aplicó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para contratar a Gaffney. 
El pedido inicial de la Comisión Multisectorial fue el de llevar a foja cero el estudio programado por YPFB a cargo de la empresa Gaffney, por lo cual inició un paro indefinido y terminó en un acuerdo firmado el 26 de enero, donde se le permitiría a Tarija realizar su propio estudio, sin embargo, este hecho tuvo repercusiones negativas en la región porque no cubrió las expectativas ni propósitos iniciales del pueblo tarijeño. Luego de esto, la Comisión Multisectorial se fue derrumbando, el técnico Daniel Centeno renunció y el Comité Cívico se apartó “buscando borrar con el codo lo que firmó con la mano”. 
El hecho que aumentó el descontento del pueblo estuvo plasmado en una carta enviada por los ministros de Hidrocarburos, de Gobierno y de la Presidencia donde afirmaban que Tarija deberá efectuar su estudio en base al DBC de YPFB, el que indica en su punto 9 que el estudio de YPFB es inapelable. 
Fue esta palabra la que el gobernador interino, Lino Condori, buscó cambiar a “apelable” cuando los ministros visitaron Tarija hace una semana y no lo logró, lo volvió a intentar cuando la comisión técnica de la Gobernación, encabezada por Dino Beltrán, viajó a La Paz, empero el DBC se mantiene invariable. Hasta el momento, tampoco se cuenta con un marco legal que permita que el departamento realice el estudio.
Fue todo este panorama el que obligó a la Comisión a retroceder y a plantear nuevos plazos y futuras medidas de presión.

Reunión en Bermejo
La Comisión Multisectorial de Defensa del Campo Margarita, luego de una ardua reunión realizada ayer en la ciudad de Bermejo resolvió dar plazo de 48 horas al Gobierno para que emita el instrumento jurídico que permita la contratación de una empresa que realice el estudio del campo Margarita, suspender la firma de contrato entre YPFB y Gaffney, programada para este 9 de febrero, y una reunión para este 8 de febrero en Yacuiba donde evaluarán la respuesta y si el caso amerita determinarán nuevas medidas de presión. 
De acuerdo al informe del presidente de la Comisión Multisectorial, Normando Choque, fue un debate amplio, con la participación de autoridades de todas las provincias, donde otorgan plazo de 48 horas al Gobierno para emitir el instrumento jurídico que le permita a la Gobernación contratar a la empresa internacional, conforme al compromiso asumido en el acta de entendimiento entre autoridades del nivel central y representantes del departamento de Tarija con relación a los campos Margarita y Huacaya, suscrito en la ciudad de Santa Cruz. 
Una vez emitido el pronunciamiento por parte del Gobierno, la Asamblea Legislativa Departamental autorizará la inscripción de recursos en el Presupuesto Operativo Anual (POA 2012) para la contratación de la empresa que realice el estudio.
La resolución también exige al Gobierno que suspenda la firma de contrato entre YPFB y la empresa Gaffney hasta que la Gobernación contrate a la empresa especializada.

Nuevas medidas
La Comisión Multisectorial y varias autoridades participantes, por decisión unánime, definieron mantenerse en estado de emergencia y, en caso de incumplimiento dentro del plazo señalado de 48 horas, se reservan tomar las acciones que el caso amerite en defensa del campo Margarita. 
Asimismo, se aprobó llevar adelante otra reunión el miércoles 8 de febrero en la ciudad de Yacuiba, con la participación de la Multisectorial para realizar una evaluación. “Firman todas las instituciones de las seis provincias, autoridades, ejecutivos y alcaldes, comités cívicos de las provincias”, indicó Choque a tiempo de señalar que se mantienen en estado de emergencia y no descartan medidas de presión.

Participantes
El presidente del Comité Pro Intereses del Departamento, Walter Mogro, que se rompe el acuerdo y no tienen que cumplir la firma que han estampado. “Asumimos nuestra corresponsabilidad ante el incumplimiento del Gobierno, ya es 6 de febrero y en 3 días más van a firmar el contrato, entonces, el comité se retira, desconoce aquello, no puedo honrar un compromiso que no fue cumplido, no vamos a asistir, no vamos a avalar aquello, es una decisión del directorio”, manifestó el cívico horas antes de la reunión en Bermejo.
Al respecto, Choque dijo no conocer oficialmente la determinación de los cívicos. “No sé, no tengo conocimiento no tengo ninguna nota oficial”, aseguró.
Mientras que el jefe de la bancada opositora Johnny Torres (CC), dijo que se debe trabajar sobre el artículo 9 del reglamento que señala que el resultado de la empresa que contrate YPFB es inapelable, definitiva, y vinculante. “Si esto es así, ¿dónde quedará la empresa que contrate Tarija), eso era parte del acuerdo”, cuestionó a tiempo de señalar que el Gobierno tenía que corregir el reglamento, cosa que la empresa que contratada tenga la misma categoría y la misma decisión técnica que la que contrate YPFB. 
“Si el reglamento se abre es responsabilidad de la Gobernación hacer la contratación inmediata para que trabaje en paralelo y coordinación con la otra empresa, espero que de Bermejo surja nuevamente la unidad del departamento en la lucha por Margarita, el Gobierno es el responsable de lo que está pasando y hay que preguntarle si cumplirá con el acuerdo firmado en Santa Cruz, si no lo va a hacer que nos diga claramente, de lo contrario el pueblo deberá repensar medidas de presión”, manifestó. 
Asimismo, resaltó que sin no se cumple el acuerdo, el pueblo tendrá que movilizarse sin tregua para anular el estudio y para que Repsol se vaya. “El que está haciendo pelear al departamento de Tarija con Chuquisaca es Repsol y el Gobierno nacional, y Repsol de manera permanente viene diciendo que no tienen nada que ver, entonces, inviertan pues los 700 millones de bolivianos y con esto el departamento no va a volver a pelear”, indicó.
Por su parte, el director de Contrataciones, Nelson Mercado, informó que trabajan junto a la Secretaría de Hidrocarburos, en la elaboración del DBC. “Hemos estado analizando y creo que se necesitaría algo legal, algún convenio o decreto que venga desde La Paz para que nosotros podamos realizar este proceso de contratación”, indicó. 
Para el diputado Wilman Cardozo, la determinación asumida ayer en Bermejo es una distracción de personas afines al MAS. “A estas alturas, la Comisión Multisectorial debería disolverse, hoy se ratifica que Tarija quedó al desnudo y fue un error el acuerdo pasado”, lamentó.
Asimismo, señaló que hasta la fecha ninguna autoridad que participó de la firma del acuerdo brindó un informe a su sector “como corresponde”.
Así también el diputado Luis Alfaro se pronunció respecto a esta reunión, denunciando que para el gobernador interino, quien llegó tarde a la misma, Margarita sería un tema de segundo plano./ EL PAIS (TARIJA)