El director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano, informó ayer en conferencia de prensa
que lo incautado en todo el país es resultado de operativos conjuntos
con las Fuerzas Armadas y el Viceministerio de Defensa Social y
Sustancias Controladas del Ministerio de Gobierno, y producto de ello
sólo hay detenidos.
“Hay detenidos, tenemos por
ejemplo dos personas brasileñas que están detenidas en Puerto Suárez por
este delito. También hay dos personas por este delito aquí en La Paz”,
indicó Medrano, sin dar detalles, cuando se le preguntó si hay algunos
que estén en la cárcel por este delito. Tampoco dio detalles de qué
cantidad de diésel, gasolina, kerosene y GLP comprende el millón de
combustible decomisado o cuánto significa en recursos económicos.
Norma. El artículo 226 Bis de la Ley 100 de Desarrollo y Seguridad
Fronteriza, promulgada el 4 de abril de 2011, señala la prohibición de
transportar combustibles líquidos y Gas Licuado de Petróleo (GLP) en
vehículos no autorizados, ni almacenar el carburante en tiendas,
depósitos o en domicilios particulares.
La
disposición establece: El que almacene o comercialice diésel oil,
gasolinas o GLP, sin estar autorizado por la entidad pública competente,
será sancionado con privación de libertad de tres a seis años y
confiscación de los bienes e instrumentos para la comisión del delito.
Medrano explicó que el millón de litros de combustible decomisado “con
seguridad tenía como destino el contrabando, el narcotráfico y la
explotación ilegal de oro y madera” que usan exclusivamente diésel.
Por tales ilícitos, dicha ley fue creada también para evitar el saqueo
de los recursos naturales, promover el desarrollo de las actividades
económicas lícitas e implementar medidas y acciones dirigidas a lograr
la seguridad alimentaria y energética y de lucha contra el tráfico
ilegal de mercancías en todo el territorio nacional.
Para el siguiente año, el Presupuesto General del Estado (PGE) destinó
$us 1.060 millones para la subvención de diésel y gasolina porque la
producción de petróleo para obtener estos combustibles es baja en
nuestro país, por lo que el Gobierno está en la búsqueda de nuevos
campos petrolíferos en el Chaco y en Liquimuni, en el norte paceño.
El presidente de la ANH estimó que de los más de $us 1.000 millones que
el Estado destina a la subvención, “aproximadamente $us 150 millones se
van en combustible al contrabando o a las actividades ilícitas dentro
del territorio nacional”.
El combustible incautado,
en todos los casos, es entregado en custodia a la estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) porque así lo establece la Ley
100. En cuanto a las multas y sanciones a las estaciones de servicio y
distribuidoras de GLP por faltas a lo establecido en la ley 100, la ANH
recaudó este año Bs 3 millones y en 2011 fue de Bs 500 mil. “Este año
hemos sido más eficientes”, dijo Medrano.
Decomiso, fronteras y tareas
Operativos
El decomiso de combustibles se desarrolló en los nueve departamentos
del país y en los 7.000 mil kilómetros de frontera común que el país
comparte con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú.
Incautado
El 2 de diciembre, la ANH dijo que en toda la gestión 2011 el
combustible incautado al contrabando o acopiado ilegalmente alcanzó a
los 200 mil litros, entre diésel y gasolina.
Surtidores
Las sanciones a las estaciones de servicio son por aspectos de infraestructura, indicó Medrano.
B-Sisa busca reducir en 50% el contrabando
Con la implementación del programa informático denominado Boliviana de
Sistemas de Autoidentificación (B-Sisa), la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) pretende reducir el contrabando en un 50% y por ello
destinó Bs 35 millones para la compra de equipos RFID
(Autoidentificación por Radiofrecuencia) y Tag.
“De
$us 1.000 millones que va a la subvención, son aproximadamente $us 150
(millones) que se van al contrabando o a las actividades ilícitas dentro
del territorio. Entonces imagínese que ataquemos en un 10%, de los 150
millones recuperamos unos 15 millones, nosotros le estamos apuntando a
un 50% en esta fase inicial”, dijo el director Ejecutivo de la ANH, Gary
Medrano.
Dentro las tareas del B-Sisa está el
colocado de un Tag (etiqueta de autoidentificación) en los motorizados y
la instalación de los equipos RFID consistentes en antenas y lectores
que serán instalados en las estaciones de servicio para interconectarlos
en línea y recoger información de los Tag a fin de evitar el
contrabando de combustibles en todo el territorio nacional.
El colocado de las antenas y lectores se realizará en las 700
estaciones de servicio existentes en el país, pero de manera previa este
mes se instaló estos equipos en 180 surtidores en las ciudades de La
Paz, El Alto y Cochabamba, dijo Medrano.
En cuanto al
colocado de los Tag, indicó que esta tarea tendrá tres fases, pues en
enero el etiquetado comenzará con los 12 mil vehículos que corresponden
al Estado, en febrero con los 120 mil del transporte público y en marzo
con los 800 mil del privado. “Comenzaremos por casa”, dijo el Director
de la ANH y añadió que en todo el territorio nacional hay al menos un
millón de motorizados de los tres sectores./ LA RAZÓN
