El Vicepresidente Álvaro García Linera afirmó hoy, que tras 45 meses de retraso a causa de la oposición en la Cámara de Senadores del extinto Congreso Nacional, Bolivia ya cuenta con la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" que protegerá el patrimonio de los bolivianos.
García Linera y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional dijo que a partir de la promulgación de la Ley 004 queda en manos del Ejecutivo su aplicación. "Esta Ley guillotina que podríamos llamar, conduce a la cárcel a cualquier funcionario público que se atreva a tocar un sólo centavo del Estado", dijo.
"Ese proyecto de Ley fue derivado de la Vicepresidencia a la Cámara de Diputados el 27 de abril de 2006 y luego de intensos debates fue aprobada el 13 de junio, el 19 de junio la Ley pasa al Senado y desde entonces hasta la nueva legislatura esa Ley se quedó paralizada. Fueron aproximadamente 45 meses, que esta Ley quedó archivada en las gavetas de ese viejo Senado", dijo García Linera en el acto de promulgación de la Ley realizada en Palacio Quemado.
El Vicepresidente acusó a la entonces oposición en el Senado de impedir la aprobación de esta norma para evitar ser investigados y enjuiciados por incurrir en el enriquecimiento ilícito de sus fortunas. Por lo que celebró que esa oposición haya desaparecido.
Considera que esta Ley garantizará los recursos del Estado, el fin común de los bolivianos, pues sanciona a cualquier funcionario de alto o bajo rango, que se enriquecen con recursos del Estado.
"De ahí el miedo de los opositores de ADN, MIR, UN, PODEMOS, MNR, se haya opuesto a la Ley durante 45 meses, porque ellos han sido y querían seguir siendo los herederos del uso personal, prebendal de los recursos del Estado", manifestó.
El presidente Evo Morales puso en plena vigencia la mañana de este miércoles la Ley de Lucha Contra la Corrupción en Palacio Quemado, instrumento legal que fue bautizado por el vicepresidente Álvaro García Linera como la "Ley guillotina".
La Ley se aplicará a ex y actuales servidores públicos de las instituciones estatales como ministerios, Procuraduría, Banco Central de Bolivia, universidades, miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y organizaciones donde el Estado tenga un patrimonio.
